Editorial: Regulación por nostalgia

Como si se tratara de una sombra ineludible, al surgimiento de innovaciones y nuevas tecnologías en la venta de productos y servicios le suele acompañar la férrea oposición de los comerciantes tradicionales, reacios a enfrentar los cambios y los riesgos económicos que aquellas traen.

La aparición en los últimos años de nuevas formas de provisión de bienes y servicios a través de una economía de pares ha generado una fuerte disrupción en diversos mercados, como los de transporte de pasajeros y alquiler de espacios físicos para trabajar o dormir. La aparición de compañías como Uber, Easy Taxi o Airbnb –por mencionar solo algunas– ha generado que los dueños de vehículos, oficinas y departamentos puedan aprovechar el valor de sus propiedades brindando un servicio temporal a quienes lo necesiten, incrementando así la oferta disponible y abaratando los costos de los servicios de taxi, hospedaje o alquiler de oficinas para cientos de miles de consumidores.

Frente a esta transformación, sin embargo, han aparecido intentos regulatorios cuyo efecto sería bloquear la competencia propiciada por estos nuevos formatos.

Este es el caso del proyecto de reglamento de establecimientos de hospedaje publicado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Según esta propuesta, los dueños de casas o departamentos solo podrían alquilar sus domicilios a viajeros y turistas en caso la ciudad no cuente con infraestructura de servicios turísticos “suficiente” para cubrir la demanda, o en supuestos especiales de exceso de demanda motivado por actividades festivas o desastres naturales. Además, las residencias para alquiler deberán cumplir con ciertas condiciones de alojamiento previstas en el propio reglamento y deberán registrarse ante el Mincetur. Si bien es cierto que desde el sector se afirmó que podrá modificarse el reglamento, pues la intención no sería regular servicios como Airbnb, lo cierto es que en su estado actual la norma parece hacer precisamente eso.

No se trata del único intento regulatorio vinculado con la economía de pares. Existe en el Congreso de la República hasta tres proyectos de ley que buscan normar el funcionamiento de las aplicaciones de taxi por Internet, regulando la naturaleza y condiciones de la relación contractual entre las compañías que proveen las aplicaciones y los conductores que dan el servicio de taxi, imponiendo ciertas características que deben cumplir tanto el servicio de taxi como el de las aplicaciones utilizadas para solicitarlo, así como obligándolos a registrarse ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Se trata, en suma, de iniciativas legislativas que buscan cementar un estándar en la provisión de un servicio. Paradójicamente, el principal factor que ha contribuido a la popularidad y éxito de aplicaciones como las de servicios de taxi por Internet ha sido el alejarse del modelo tradicional del servicio de transporte de pasajeros y de una regulación estatal anacrónica que no brindaba seguridad ni comodidad a los usuarios.

Precisamente aquí reside la falla común a estas iniciativas: pretender imponer un patrón regulatorio a un mercado y un conjunto de servicios en constante evolución, y cuyas innovaciones responden mejor y más rápidamente a los intereses de los consumidores que los bosquejos burocráticos.

Esto se torna aun más grave cuando las fallidas iniciativas legales no solo son defectuosas por una comprensión inadecuada de la evolución de los mercados que pretenden regular, sino que parecen responder a los intereses mercantilistas de quienes se rehúsan a enfrentar la competencia de nuevos actores en el mercado.

En lugar de bloquear la puerta a la innovación, las autoridades deberían invertir el tiempo más bien en repensar los esquemas regulatorios actuales que pueden estar restando dinamismo al mercado. Pues más allá de la nostalgia que algunas de ellas puedan sentir por ciertos hoteles, taxis o cintas de VHS, lo que los consumidores necesitan es más competencia.