Editorial: Período corto, infierno grande

En enero del 2020, todavía con el trauma de la disolución del Congreso a cuestas, los peruanos acudimos a las urnas para elegir un Legislativo que terminase el período de su predecesor. El pronóstico, por tratarse de una representación que estaría poco más de un año en funciones, era que esta apenas mantendría el bote a flote hasta que se eligieran nuevas autoridades para el siguiente quinquenio. Pero una serie de circunstancias conspiraron para que eso no fuese así. La llegada de la pandemia, y la agudización de las vulnerabilidades de la ciudadanía, planteó el escenario propicio para la irresponsabilidad y el populismo, y la proscripción de la reelección de parlamentarios parece haberles quitado incentivos a los padres de la patria para trabajar con prudencia (o por lo menos con algo de vergüenza). Ello, sumado a la cercanía de los comicios del 2021, parece haberlos hecho legislar pensando en los beneficios electorales que podrían granjearles a sus organizaciones políticas y no tanto en cómo hacer las cosas bien para el país.

Así, el balance de esta gestión parlamentaria es todo menos positivo y fiascos como el de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional son solo un recordatorio de quince meses cargados de desatinos. Este, en fin, es el mismo Congreso que le negó la confianza al Gabinete Cateriano en plena emergencia sanitaria y el que consiguió vacar, en el segundo intento, a Martín Vizcarra, cuando lo sensato hubiese sido que enfrentara a la justicia una vez culminado su gobierno. La crisis gatillada por esta decisión –de la que el Legislativo es el principal responsable– desembocó en la brevísima gestión de Manuel Merino, quien debió renunciar tras cinco días en el cargo luego de la muerte de dos jóvenes en las protestas en su contra. El rechazo ciudadano a lo ocurrido fue casi unánime, con 13% del Perú participando en las marchas y 73% apoyándolas (Ipsos).

Pero lo que seguramente terminará por caracterizar a este Parlamento es su compromiso con la improvisación y su culto al efectismo, ambos divorciados de las evaluaciones técnicas, e incluso de nuestro marco normativo. Ello ha significado, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo denuncie ante el Tribunal Constitucional 10 leyes aprobadas por el pleno y que tres ya hayan sido declaradas inconstitucionales (la suspensión del cobro de peajes, los ascensos automáticos en Essalud y la devolución de aportes de la ONP). Pero, así como algunas normas promulgadas no tenían rigor legal, otras tampoco tenían sentido económico. De hecho, múltiples iniciativas ni siquiera pasaron por las comisiones especializadas para ser analizadas. Resaltan, en esa línea, las medidas que buscaban permitir el retiro de buena parte de los fondos de las AFP y la que permitió el retiro del 100% de la CTS.

Este Congreso también ha logrado apretujar una legislatura adicional a su mandato, con el objetivo de aprobar modificaciones constitucionales, una expresión final de la manera atropellada con la que buscó impulsar diversas reformas claves, como a la inmunidad parlamentaria y a la cuestión de confianza.

En síntesis, el próximo a extinguirse fue un Parlamento definido por sus vicios y es quizá el mejor ejemplo de aquello que el nuevo Poder Legislativo debe evitar a toda costa. Nadie pide, claro, que se abstenga de ejercer el rol fiscalizador que la Constitución le asigna, pero sí le debe a la ciudadanía, por lo menos, la aprobación y discusión de normas de calidad, de pertinencia y utilidad confirmada por expertos. Ello será clave para contrarrestar los posibles despropósitos de un Ejecutivo que promete navegar las tormentas del país con mucha ideología y poca brújula.

Pero quizá el pedido más sencillo que se le puede hacer al Congreso es que, por piedad, busque corregir los problemas del país, no ser parte de ellos.