Por Dios y, sobre todo, por la plata

A lo largo de los años, el famoso juramento “por Dios y por la plata”, que en julio del 2000 pronunció el legislador elegido en las listas de Perú Posible Gerardo Saavedra al asumir el cargo, se ha convertido en la expresión que mejor resume la imagen que gran parte de la ciudadanía tiene de las distintas conformaciones parlamentarias que se han sucedido desde entonces en el palacio de la plaza Bolívar. Incluida la actual, por supuesto.

Esa imagen es la de un grupo de personas que, habiendo pedido el voto de los peruanos para representarlos en la búsqueda de soluciones para sus necesidades, una vez instalado en su curul lo que busca esencialmente son más bien ventajas para sí. Económicas, en la mayor parte de los casos. Se trata, desde luego, de un retrato injusto con algunos legisladores que han tenido o tienen en el pleno un desempeño respetable y acorde con lo que ofrecieron originalmente a los electores. Pero esa circunstancia es cada vez más un postulado teórico que una realidad verificable en el hemiciclo.

Como comentábamos dos días atrás en este mismo Diario, la representación nacional en funciones acaba de dar una muestra de la vocación por gratificarse a cualquier costo a la que aludíamos. Según reveló el domingo “Punto final”, a pedido de ocho bancadas, la Mesa Directiva ha dispuesto un incremento de más del 50% de la asignación por “función congresal” que cada parlamentario recibe mensualmente. Así, esta ha sido elevada desde esta legislatura de S/7.617 a S/11.000. Tal cifra está supuestamente destinada a cubrir los gastos de alojamiento, alimentación, transporte y combustible de los congresistas… Como si el sueldo de S/15.600 que reciben todos los meses no tuviera, entre otras, esa finalidad. No se trata tampoco de un monto para solventar sus actividades durante las semanas de representación, pues cada uno de ellos recibe periódicamente una suma de dinero específicamente destinada a este concepto.

Previsiblemente, la divulgación de esta información generó de inmediato reacciones adversas en la opinión pública y en la prensa, pero eso solo ha desatado una competencia de argumentaciones justificatorias del aumento entre autoridades de toda laya. Así, por ejemplo, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez (quien, no lo olvidemos, debe su elección a una gran parte de los congresistas que se beneficiarán con esta medida), ha sostenido que la remuneración de los padres y madres de la patria “ha ido decayendo” en los últimos años y que “lo justo es lo justo”. Mientras que, desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha evitado comentar el asunto para no sumarse, según dijo, a los enfrentamientos políticos que ahuyentan la inversión.

Las tesis más pasmosas, sin embargo, han surgido en la propia representación nacional. Entre estas, cabe destacar la de la parlamentaria Kelly Portalatino (Perú Libre), que sostiene que ella y sus colegas están “haciendo la chamba del Ejecutivo”, razón por la que, se supone, deberían recibir una compensación mayor que la actual. Y también la de su compañero de bancada y miembro de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón, quien ha afirmado que el incremento que nos ocupa no “afecta tanto la economía” (pese a que se calcula que costará más de S/5 millones adicionales al erario nacional) y permitirá que los legisladores brinden un “mejor servicio” a los ciudadanos…

Una serie de elaboraciones, en fin, que oscilan entre el ridículo y la desvergüenza, y que soslayan lo elemental. A saber, que los 130 parlamentarios están donde están porque importantes porciones del electorado depositaron en ellos su confianza, convencidos de que iban a protegerlos y representarlos, no a ‘vivirlos’. Y, sin embargo, esa es justamente la sensación que deja el hecho de que, en medio de la abrumadora desaprobación que registran las encuestas para ellos, los congresistas se concedan este aumento con fondos que provienen, en última instancia, de los que los contribuyentes aportamos para el sostenimiento del Estado y quienes lo componen. No olvidemos que, como informamos ayer, desde el 2021 este Congreso destinó más de S/120 millones para bonos y aumentos, por lo que lo conocido en los últimos días solo es otra constatación de esta práctica que roza con la indolencia.