Editorial: Los verdaderos impedimentos

El 28 de setiembre vence el plazo para que se introduzcan cambios en las reglas electorales que regirán el proceso del próximo año, pero el Congreso tiene todavía pendientes algunas votaciones al respecto. Entre ellas, la relacionada con los impedimentos para postular a cargos públicos y que incluyen una prohibición sobre la que existe, dentro y fuera del Legislativo, una considerable controversia política. Nos referimos, desde luego, a la disposición que busca vetar la posibilidad de postular a los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos: una iniciativa que muchos juzgan conveniente para no volver a encontrarnos nunca más en la penosa situación de tener autoridades sobre cuya probidad pesa una sombra de duda, mientras que otros reprueban, por estimar que atenta contra la presunción de inocencia que la Constitución consagra.

De cualquier forma, poner tal iniciativa en vigor supone una modificación constitucional y requiere, por lo tanto, dos votaciones calificadas (87 votos aprobatorios como mínimo) de parte de la representación nacional. Resulta muy significativo, en ese sentido, que la primera de esas votaciones ya haya ocurrido y que en ella los votos a favor del impedimento sumaran 111.

En el pleno del 5 de julio, efectivamente, solo hubo 14 votos en contra de la prohibición; todos de la bancada de Fuerza Popular. Presionadas desde el Ejecutivo –y aparentemente también desde vastos sectores de la opinión pública–, algunas bancadas que habían expresado inicialmente dudas sobre el respaldo a la medida, terminaron alineándose con la postura mayoritaria.

Durante el tiempo transcurrido desde entonces, sin embargo, más de una de esas conformaciones congresales ha empezado a desandar la vía que había emprendido. Concretamente, las bancadas de UPP y Podemos Perú han adelantado a través de sus voceros y representantes que, en la segunda votación, cambiarán su posición original y se opondrán a la prohibición que nos ocupa. Fuerza Popular, entretanto, ha anunciado que mantendrá su original postura contraria.

Por cierto, la circunstancia de que una bancada cambie de idea en una segunda votación sobre un mismo tema no tiene en sí nada de cuestionable, pues es precisamente para permitir esa posibilidad que la doble votación existe. Pero lo menos que se espera de ella es que brinde una explicación convincente de las razones que la llevan a mudar de posición. Y, a decir verdad, eso difícilmente podría decirse en esta oportunidad del viraje de UPP y Podemos.

El vocero de UPP, José Vega, por ejemplo, ha señalado: “Nosotros no creemos que [la prohibición de postular a los sentenciados en primera instancia] sea la urgencia”. Y luego ha añadido: “Eso no va a solucionar el problema de la corrupción; hay que enfrentarlo con penas más severas”.

El congresista Carlos Almerí de Podemos Perú, por su parte, ha manifestado que ellos votarán para que el tema se “revise”. “De lo contrario, estaríamos logrando que la Constitución se enmiende o se parche lesiva, aberrante[mente] contra las leyes vigentes que el Perú tiene y que también internacionalmente respalda a través de sus pactos y convenios”.

En ambos casos, como se ve, hablamos de argumentos que, más allá de su opinable consistencia, podrían haber sido perfectamente postulados antes de la primera votación… Lo que despierta sospechas sobre si no podrían ser otros los motivos que realmente les impiden a esas bancadas votar como lo hicieron en la primera oportunidad.

Tal suspicacia se ve alimentada, sobre todo, por el hecho de que los líderes que esas organizaciones políticas podrían lanzar a la presidencia en los comicios del próximo año –y en este caso la observación incluye también a Fuerza Popular– están en aprietos con la justicia, por lo que la eventual confirmación del impedimento en debate podría terminar dejándolos fuera de carrera.

Disfrazar lo mundano de principista es un recurso al que acuden con frecuencia los políticos taimados y también los que no lo son tanto. Esperemos que no sea una enésima puesta en escena de esa farsa lo que nos disponemos a verificar sobre este particular en el Congreso.