¡Abajo la mordaza!

El anuncio de que el Ejecutivo se disponía a presentar al Congreso un proyecto de ley que buscaría convertir en delito la divulgación de información reservada en investigaciones penales encendió recientemente las alarmas en la prensa y en la opinión pública. El propósito, se temía, era intimidar a quienes estaban en posición de difundir datos incómodos sobre los problemas legales en los que pudieran estar involucrados quienes ostentan el poder.

La alerta que dieron los medios acerca de muchas de las investigaciones en marcha a personas que están o han estado en el gobierno del presidente Pedro Castillo ha sido, como se sabe, la garantía de que esas investigaciones pudieran continuar sin ser objeto de trabas o intentos de ocultamiento. Una posibilidad, por cierto, bastante verosímil, pues como dijimos ayer en este mismo espacio, el compromiso de esta administración y de varios de sus exintegrantes de colaborar con la justicia ha escaseado y, por el contrario, la ciudadanía ha atestiguado variados intentos por entorpecer las pesquisas.

En medio de una lluvia de críticas, el Gobierno empezó a demorar la presentación de la iniciativa, lo que hizo pensar a algunos que quizás estuviese tratando de corregir sus aspectos más controvertidos. Esas especulaciones, sin embargo, demostraron pronto ser solo ejercicios de un optimismo iluso, pues ayer el Ejecutivo envió finalmente el proyecto al Congreso y una rápida revisión del texto dejó en claro que es todo lo que se temía. Esto es, en esencia, una mordaza.

La norma alcanzada al Legislativo, efectivamente, propone entre dos y cuatro años de prisión para los fiscales y jueces que incurran en el supuesto delito antes mencionado. Para ello se plantea la modificación del artículo 409 del Código Penal vigente estableciendo específicamente que “el agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal, que proporcione o difunda información de carácter reservada […] a personas no legitimadas […] poniendo en riesgo los fines de la investigación, será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de uno, ni mayor de dos años”. En los casos de jueces, fiscales, auxiliares jurisdiccionales, asistentes administrativos o policías, no obstante, se pretende que la sanción sea de dos a tres años.

Lo más peligroso, sin embargo, está en el detalle de que, si alguna de esas personas difunde la información a través de los “medios de comunicación social u otros de difusión masiva, será sancionada con pena privativa de la libertad no menor de dos, ni mayor de cuatro años”.

El documento, que lleva las firmas del jefe del Estado y del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sería considerado un atentado contra la transparencia en cualquier circunstancia, pero en el actual contexto es de un descaro inédito. La identificación de la cantidad de denuncias que comprometen al mandatario y a allegados y familiares suyos como motivación de la propuesta resulta sencillamente ineludible.

Para comprobar la gravedad de lo que está en juego, basta considerar qué sería de las investigaciones derivadas de las declaraciones de colaboradores eficaces o aspirantes a serlo, como Karelim López o Zamir Villaverde, si estas no hubiesen llegado a los medios. Como dijimos antes, los esfuerzos del presidente y de varios de sus allegados por obstaculizar el esclarecimiento de las denuncias en su contra no son un misterio para nadie; pues bien, este es uno más.

La lógica sugeriría, desde luego, que tal afán tendría que ser interceptado por el Congreso, que constantemente hace alarde de su función fiscalizadora con respecto al gobernante. Pero la verdad es que entre los integrantes de la representación nacional hay también quienes preferirían que sus propios asuntos hoy bajo la lupa del Ministerio Público pudieran ser deslizados debajo de la alfombra. Ojalá que la sensatez ilumine a los inquilinos de la plaza Bolívar y terminen con este proyecto de mordaza.

Pues si no se procede sumariamente a su archivamiento, quedará en evidencia que los rasgos que comparten actualmente los poderes Ejecutivo y Legislativo son mucho más relevantes que aquellos que los distinguen, y eventualmente los veremos languidecer juntos. ¡Abajo la mordaza!