Editorial: Aflojar la válvula

Este mes de junio llega el fin de la primera licitación de afiliados de la reforma previsional. Luego de dos años, la AFP Habitat dejará de contar en exclusiva con los nuevos afiliados al sistema. En este tiempo, se incluyó a poco más de medio millón de trabajadores en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), 200 mil personas menos de lo esperado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El sistema de pensiones peruano, en general, adolece de varias deficiencias aparte de su limitado alcance a causa de la informalidad (poco más de 70% de la PEA no está afiliado). En primer lugar, están las limitaciones de los administradores de los fondos y las reglas de juego con las que operan. La ONP aún debe recibir grandes transferencias –subsidios– del Tesoro Público para cumplir con sus obligaciones (situación que, es justo reconocer, ha ido mejorando en los últimos años), y dejará a varios miles de afiliados sin pensión –a pesar de haber aportado– por no demostrar los 20 años de cotización necesarios para ser reconocido como pensionista. Las AFP, por su parte, tienen todavía espacio para competir y mejorar sus comisiones y servicios, y el Estado –a través de la SBS y del Congreso– debe promover esta competencia e impulsar normas que permitan mayor rentabilidad de las inversiones de los fondos.

Pero más allá del funcionamiento particular del sistema de pensiones, el tema de fondo es su justificación económica y moral. Decimos económica porque no queda del todo claro que el sistema sea el mejor uso de los recursos de los trabajadores. Pese a las relativamente altas rentabilidades obtenidas por el SPP en la última década, el dinero que administran podría ser usado de mejor manera por sus afiliados. La persona que recién empieza su vida laboral y que podría destinar parte de sus ingresos adicionales para invertir en un negocio; aquella que necesita más recursos para pagar su educación; el pensionista que estaría en posición de cubrir la cuota inicial de un inmueble con su saldo total ahorrado pero debe conformarse con pagar el alquiler con su pensión; todos ejemplos de casos en los que el ahorro forzado del sistema actual perjudica la situación económica de las personas.

Y decimos moral porque, en este sistema, el Estado impone una visión paternalista respecto a cuándo y cómo deben disponer los trabajadores de recursos que ellos mismos han generado. Como hemos mencionado en editoriales anteriores, el sistema de ahorro previsional forzoso parte de una premisa que es no solo errada sino ofensiva: la mayoría los ciudadanos son tontos e irresponsables, por lo que, si se respeta su libre albedrío, no tomarían medidas durante su vida laboral para asegurar su vejez.

Por supuesto, hoy no es políticamente viable convertir el ahorro previsional forzoso en voluntario. Existen, sin embargo, medidas que podrían hacerlo menos restrictivo. Algunas alternativas son el uso de parte del fondo para adquirir una vivienda, como garantía de un proyecto empresarial o para cubrir alguna urgencia médica.

Una opción adicional es establecer un límite en el fondo acumulado que asegure al pensionista transferencias por encima de la línea de pobreza. Para varios, la justificación del paternalismo del régimen previsional es que, en un contexto de ahorro voluntario, muchas personas no ahorrarían y en consecuencia pasarían su vejez con aprietos económicos. Políticamente, esta situación motivaría la expansión de programas asistencialistas del tipo de Pensión 65, en el que todos los contribuyentes deben pagar por la falta de previsión de algunos. Si esa es la justificación, ¿por qué no diseñar un sistema en el que, una vez alcanzado un fondo total que permita obtener pensiones suficientemente altas, el resto queda a disposición del trabajador? ¿Qué sentido tendría seguir forzando el ahorro de alguien que ya ahorró lo suficiente para retirarse cómodamente?

En fin, las opciones para replantear el sistema previsional y flexibilizarlo son varias. Lo que se ha avanzado en los últimos 20 años ha sido significativo, sobre todo a raíz de la inclusión del sector privado en el sistema, pero aún queda un gran camino por recorrer en términos de eficiencia y de mayores libertades.