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La semana pasada, la Asociación de Exportadores (ÁDEX) informó de la importante caída de su sector, el cual podría alcanzar a fin de año un nivel similar al de finales de las década de 1970. Según las previsiones de este gremio, en el 2015 las exportaciones podrían llegar a US$36.500 millones, lo que significaría un retroceso de US$9.876 millones respecto al récord que se obtuvo en el año 2011.
Si bien esta baja es en parte reflejo de una aguda caída de los precios internacionales de nuestros productos exportación y de una desaceleración económica significativa en socios comerciales como China, muchas de sus causas son generadas internamente. Mientras que por el lado del sector privado las propuestas de solución no atacan los problemas de fondo, por el lado del sector público parece haber poco interés por reactivar uno de los principales motores económicos de las últimas décadas.
Respecto a los empresarios, las soluciones que han planteado repiten errores del pasado: protección gubernamental y subsidios a costa del dinero de todos los contribuyentes. En concreto, ÁDEX ha propuesto aumentar el ‘drawback’ de 4% a 8% para las exportaciones no tradicionales. Como se sabe, este mecanismo consiste en la transferencia por parte del Estado de un porcentaje determinado del valor del producto final exportado para compensar el pago de aranceles en los insumos usados en la producción. Esto, argumentan los exportadores, los pondría en mejor posición ante las duras condiciones que enfrentan.
Sin embargo, existen varios problemas con el mecanismo del ‘drawback’. El primero es que, al tratarse de una ‘tasa ciega’, en muchas ocasiones el Estado termina pagando mucho más por este sistema que lo recaudado por aranceles –es decir, se convierte en un subsidio–. El segundo es que, como hemos señalado en anteriores ocasiones, ofrecer este tipo de incentivos impide que recursos que quizá podrían haberse utilizado para producir algo valioso para el mercado local terminen siendo destinados a producir algo con menos valor para el mercado externo simplemente para recibir el ‘drawback’.
De hecho, aun así se decidiese aumentar el ‘drawback’ para las exportaciones no tradicionales, es importante notar que la mayor proporción de ventas al exterior está compuesta por las exportaciones tradicionales. El verdadero golpe se produjo en el sector tradicional, el cual cayó de US$35.896 millones en el 2011 a US$27.685 millones en el 2014.
Por ello, en cuanto a la responsabilidad que le atañe al gobierno, este debería estar enfocado en medidas concretas que hagan más competitivo y sencillo crear valor en los sectores que tienen un real impacto en las exportaciones, como el minero. Según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), la demora en la ejecución de proyectos mineros desde el 2010 al presente ha ocasionado una enorme pérdida económica para el país, pues se dejaron de ejecutar inversiones por más de US$21.500 millones. Según Roberto Abusada, director del IPE, esto hubiera significado un aumento de las exportaciones de 40% debido al incremento de la producción: 20% más producción de oro y plata, 134% más de cobre y 60% más de molibdeno.
Por otro lado, el sector agroexportador exige un mayor empeño de parte de las autoridades locales para levantar –en coordinación con nuestros socios comerciales– las restricciones fitosanitarias que limitan la presencia de productos peruanos en diversos mercados. Según Ana María Deustua, directora ejecutiva de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú, estas restricciones terminan volviéndose verdaderas “barreras arancelarias encubiertas”.
El año pasado los exportadores peruanos enfrentaban un total de 205 barreras comerciales en el mundo, según información del Global Trade Alert de las Naciones Unidas. Lo preocupante del asunto es, según la propia ÁDEX, que 50 de estas barreras fueron impuestas por países con los que la actual administración esperaba una mayor integración comercial.
Reactivar la economía requiere necesariamente de un nuevo impulso a las exportaciones y alejarse del aislamiento voluntario en materia de comercio internacional al que nos movemos. Sin embargo, en la medida en que parte del sector privado insista en propuestas que no favorecen la competitividad, y que el sector público mantenga las trabas a la inversión para exportación tradicional y no tradicional, es poco lo que se puede esperar.
