Editorial: Aprendamos a gastar bien

En octubre señalábamos cómo el Gobierno Central solo había gastado aproximadamente la mitad de su presupuesto total del Ejecutivo para el 2014 (S/.6.922 millones de los S/.13.796 millones). A menos de una semana de terminar el año, un informe publicado el pasado martes en “Portafolio” evidencia que, si bien el nivel de ejecución se incrementó progresivamente (se alcanzó el 77% del presupuesto), aún estamos lejos de lograr un adecuado nivel de eficiencia y calidad en el gasto público.

Esta situación preocupa si consideramos que el presupuesto para el próximo año se ha incrementado en 12% (financiado en un 70% con la recaudación de tributos). Es decir, de no ejecutarse en su totalidad, como en este año, el dinero regresaría a las arcas del Estado, cuando podría estar en los bolsillos de los peruanos, que saben gastar mejor. Es decir, pese a que la recaudación y el presupuesto se han incrementado sostenidamente en los últimos años, este aumento no se ha traducido en mejores servicios para los ciudadanos. Por ello, nos preguntamos: ¿Por qué el Estado no ha cumplido sus metas y qué opciones tiene?

Es importante reconocer que el Estado carece de capacidades para implementar políticas públicas coherentes y brindar servicios adecuados a los ciudadanos. Por ejemplo, en casi todos los ministerios escasea personal que pueda generar los expedientes técnicos, perfiles, estudios de demanda o análisis financieros de los proyectos de inversión, lo cual, casi siempre, se traduce en proyectos mal diseñados y ejecutados, y que, a fin de cuentas, terminamos pagando todos. Este problema se potencializa si vemos que los proyectos tienden a ser atomizados, lo que implica que el ente rector tenga varios proyectos dispersos y, como consecuencia, varios estudios de todo tipo y sin la logística para gerenciarlos. 

Lo cierto es que, pese a los esfuerzos de algunos ministerios para mejorar la capacitación de su personal, los resultados se ven a largo plazo. En tal sentido, algunos sectores han decidido enfrentar el problema frontalmente y han apostado por trazarse objetivos al mediano y largo plazos de la mano con el sector privado, lo cual es muy positivo, pues con la modificación de la ley de APP, los privados tienen incentivos para presentar iniciativas privadas. Además, los privados son mucho más ágiles para tramitar permisos y, por su grado de especialización, pueden ejecutar proyectos en los tiempos estimados.

Así, el sector Educación, por ejemplo, ha preparado una cartera de S/.1.800 millones en asociaciones público-privadas (APP) y de S/.250 millones en obras por impuestos (OxI) para la construcción, mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas que busca reducir los S/.63 mil millones de brecha en infraestructura de su sector. Asimismo, hace unos meses, la entonces titular de Salud, Midori de Habich, informó acerca de un ambicioso plan para mejorar la atención de la salud de todos los peruanos. El plan involucra una cartera de obras por aproximadamente US$3.500 millones, que permitirá –tanto con inversión pública, APP y OxI– que se construya, equipe, rehabilite y mantenga la infraestructura de más de 200 hospitales en el país.

Estas alternativas podrían ser reproducidas por los distintos ministerios que constantemente tienen problemas con la ejecución de sus presupuestos. Así, el sector Interior –que tan solo ha invertido el 59% de su presupuesto– podría ejecutar mediante alianzas con el sector privado la remodelación de las comisarías y de las escuelas de formación policial que se encuentran en una penosa situación. Asimismo, el sector Justicia podría incentivar la concesión de nuestros saturados penales que cuentan con una sobrepoblación carcelaria de 124%, y podríamos seguir.

Gracias al incremento sostenido de la recaudación de los últimos años, los diversos ministerios tienen mayores recursos para brindar mejores servicios, pero, como observamos, este aumento no se ha trasladado a beneficiar a los ciudadanos. Mientras no se realicen cambios institucionales de fondo, se pierda el miedo a la participación del sector privado y la tramitología deje de estar a la orden del día para cualquier proyecto de inversión, estos recursos quedarán en las arcas de un Estado que es un muy mal gerente.