Editorial:Arremetidas siamesas

La noticia conocida ayer de que el bloque de parlamentarios afines a Kenji Fujimori finalmente renunció a la bancada de Fuerza Popular puede dar la sensación de que dos entidades realmente incompatibles han terminado por separarse. Pero si bien eso puede ser cierto en materias como la disposición a colaborar con el actual gobierno o la actitud frente a determinadas minorías, no parece serlo en el talante que los congresistas de uno u otro sector muestran ante los funcionarios del Estado que los incomodan políticamente. 

En lo que concierne a las denuncias constitucionales que ‘keikistas’ y ‘kenjistas’ han presentado contra el fiscal de la Nación y el defensor del Pueblo, respectivamente, los legisladores de uno y otro bando lucen, en efecto, como siameses a los que solo se estuviera separando a través de una intervención quirúrgica mayor. 

Hay que notar de antemano que plantear una denuncia constitucional no equivale a expresar simplemente un desacuerdo o una crítica con respecto a un fallo o decisión de algún funcionario, reacciones legítimas dentro de la vida en un Estado de derecho a las que no solo los congresistas sino todos los ciudadanos tienen derecho. 

Las denuncias constitucionales, aun cuando pueden ser también legítimas, no son iniciativas menudas. Proceden cuando el funcionario denunciado ha incurrido en actos que constituyan una infracción de la Constitución o en delitos de función previstos en la legislación penal. Y sus consecuencias pueden suponer desde una suspensión en el cargo hasta una inhabilitación o destitución del mismo. 

Lo primero que corresponde hacer para comparar la que presentó el ‘keikismo’ contra el fiscal de la Nación en noviembre del año pasado con las dos que ha presentado en la última semana el ‘kenjismo’ (una, la congresista Maritza García; y la otra, su colega Bienvenido Ramírez) es ver, entonces, en qué medida cumplen con los requisitos que la ley señala. 

En ese sentido, vale la pena recordar lo que hemos dicho ya en esta sección a propósito de la primera. En esencia, que la “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción” que supuestamente la motivaba no existe y que, más bien, todo parece ser una reacción por la incomodidad que generaron en la tienda naranja la indagación preliminar conducida por el fiscal José Pérez sobre los aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, así como la decisión de investigarla al amparo de la ley contra el crimen organizado. 

De modo similar, las denuncias de García y Ramírez contra el defensor del Pueblo –que se relacionan con el Informe Defensorial N° 177, sobre el “Indulto y derecho de gracia otorgados al ex presidente Alberto Fujimori” – no proveen consideraciones que auténticamente califiquen de infracción constitucional o delitos de función. Hablan, entre otras cosas, de ‘excesos’ en el ejercicio de las funciones propias y de ‘usurpación’ de las del Poder Judicial, pero lo que reprueban en última instancia es una conducta política de parte del titular de la defensoría, Walter Gutiérrez, en curiosa sintonía con lo que Keiko Fujimori dijo sobre su informe (lo calificó también de “documento politizado”). 

El reporte de Gutiérrez, hay que decirlo, presenta problemas y observaciones que van más allá de lo que compete a quien ejerce el cargo que él ostenta, pero en ningún caso merecedores de una acusación constitucional. 

Ahora bien, si para ser aprobadas las acusaciones de este tipo requieren de 69 votos en el pleno (sin contar a los miembros de la Comisión Permanente, que ya tendrían que haberse pronunciado al respecto previamente), no es difícil anticipar que, habida cuenta de la correlación de fuerzas que existe en el Congreso, ninguna de las tres que nos ocupan logrará su cometido. ¿Qué propósito –cabe preguntarse– podría perseguir consecuentemente en cada caso la presentación de una iniciativa poco sustentada y sin futuro? 

Pues una y la misma: intimidar o presionar al funcionario de turno para que deje de ser incómodo políticamente. Separaciones aparte, entonces, todo indica que estamos ante arremetidas siamesas.