Editorial: Cadena de trincheras

Hasta hace poco se creía que la versión 44 de la Asamblea General de la OEA que está desarrollándose desde hoy en Asunción trataría sobre la inclusión social. Sin embargo, oculta en los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) latía una idea diferente: la de reintentar un recorte de las facultades y la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría de Libertad de Expresión (RLE).

En concreto, lo que se busca es que la agenda de trabajo de la CIDH ya no pueda ser determinada por esta con independencia de los estados bajo su jurisdicción, y que sus relatorías no puedan seguir obteniendo financiación adicional (donaciones) al que le otorgue el presupuesto regular de la OEA previa aprobación de estos estados. Esta última medida dejaría en los hechos a la RLE sin financiamiento. Por lo demás, los países del ALBA buscan someter a esta última a un “código de conducta” que crearía un grupo de trabajo liderado por la Bolivia de Evo Morales.

Estas propuestas venían siendo empujadas por los aludidos países desde hace algunos años a raíz de varias decisiones de la CIDH que la han enfrentado con sus gobiernos y, particularmente, de los informes anuales de la RLE sobre el estado de la libertad de expresión en el continente. Ello no obstante, se creía que habían sido derrotadas cuando en la Asamblea General de la OEA del 23 de marzo del 2013 una mayoría de países las rechazó. Pero no era el caso: resultó que Ecuador –el principal impulsor de las medidas– no estaba dispuesto a dejarlas atrás y ha esperado un año para volver a proponerlas junto con sus aliados ideológicos. La única diferencia es que esta vez han contado con que el efecto sorpresa sirva para hacer la diferencia: las respectivas declaraciones de los países del ALBA y de la Unasur a favor de estas “reformas” se han producido tan  solo hace unos días.

Hay que decir que lo que están intentando hacer los países bolivarianos con la CIDH y su RLE tiene perfecto sentido dentro de sus lógicas autoritarias. Los gobiernos de todos los principales protagonistas del ALBA han avanzado sistemáticamente contra las instituciones que existen para recortarles su poder y garantizar las libertades individuales adentro de sus países; es solo natural, pues, que quieran neutralizar también a la única trinchera que hay para defender a las anteriores desde afuera: la de los organismos internacionales –y, en el caso concreto de América Latina, la del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que incluye a la ya mencionada CIDH y a las relatorías de esta última–. Por decirlo de otra forma, con el SIDH aún funcionando, el trabajo de estos gobiernos para ir tomando –o mantener bajo su total control, según los casos– sus poderes judiciales, sus fiscalías, sus cortes constitucionales, sus órganos electorales, sus medios de comunicación y demás, estaría incompleto. ¿De qué le sirve al presidente Correa que el Poder Judicial ecuatoriano mande al diario opositor “El Universo” pagarle una multa de US$40 millones como indemnización por supuestamente haberlo difamado si luego va a venir la CIDH a dar una medida cautelar que impida ejecutar la sentencia contra el diario? ¿Y no tiene menos fuerza su flamante Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) para censurar a un caricaturista (Xavier Bonilla, también de “El Universo”) si luego la RLE denunciará esto internacionalmente como un ataque a la libertad de expresión? 

El SIDH no es perfecto y en este diario hemos criticado más de una de sus decisiones. Sin embargo, creemos que cumple una función fundamental que viene elocuentemente demostrada por el hecho de que en los países donde los autoritarismos más recientes han sido de derecha se le considere de izquierda, mientras que lo contrario suceda en los países con autoritarismos de izquierda (por ejemplo, Evo Morales dice que la CIDH ve violaciones solo en “países que no comparten las políticas del gobierno de Estados Unidos”, Rafael Correa la llama “el último vestigio del neoliberalismo en la región”, y Hugo Chávez, muy a su estilo, la calificaba de “pura mierda”). Ello prueba que, en todo caso, el SIDH está más a favor de las libertades individuales que de la izquierda o la derecha. Lo que tendría que ser motivo suficiente para que todos los ciudadanos de un continente con instituciones tan poco sólidas como el nuestro estemos personalmente interesados en su defensa y, ciertamente, exijamos a nuestros gobiernos que nos representen en ella.