Editorial: Canas al aire

Ha sido una semana movida para el sistema privado que administra las pensiones de jubilación de millones de peruanos. La fallida presentación de las nuevas tablas de mortalidad de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) fue la oportunidad ideal para catalizar el descontento de parte de la población con la manera en que opera el régimen previsional. Apenas unos días después del inicio de la polémica, las mencionadas tablas habían sido suspendidas, el jefe de la SBS, Daniel Schydlowsky, había presentado su renuncia al cargo, y el sistema enfrentaba en el Congreso un proyecto de ley que amenaza con reestructurar de manera importante la forma en que se devuelve el fondo ahorrado. Como se mencionó en estos días, la SBS abrió sin querer la caja de Pandora con su propuesta.

En concreto, la Comisión de Economía del Parlamento aprobó el proyecto de ley que permitiría a los afiliados de las AFP disponer de hasta el 95,5% de su fondo a los 65 años. Es decir, en vez de que sea la AFP o una compañía de seguros la que transfiera mensualmente una pensión a sus jubilados, estos serán libres de usar casi todos sus ahorros para los fines que deseen.

Los comentarios en defensa del sistema de parte de quienes lo administran no se hicieron esperar. Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFP, escribió ayer en estas páginas que existen muchas “interrogantes que no parecen haber sido tratadas debidamente en el debate al interior de la Comisión de Economía del Congreso” al momento de aprobar el proyecto. Por su parte, Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), mencionó que el Congreso “está imponiendo al futuro jubilado riesgos que hoy día nosotros como compañías aseguradoras tomamos”.

Es cierto que quedan muchos aspectos importantes por resolver con respecto a esta iniciativa, como la continuidad de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en un contexto en el que es poco probable que reciba nuevos aportantes, o el eventual acceso a Pensión 65 de jubilados que gasten todos sus ahorros y queden en pobreza extrema. Sin embargo, los riesgos a los que se refiere el señor Morón no son otros que los que la libertad permite a cualquier individuo que tenga el privilegio de poder ejercerla. Plantear el debate en torno a la manera de dotar de mayor libertad al sistema previsional es un paso en la dirección correcta.

Argumentos técnicos aparte, lo que está detrás de la resistencia a liberar los aportes de los trabajadores jubilados es la desconfianza a lo que estos puedan hacer con sus recursos. En la lógica de los que se oponen de manera tajante al proyecto de ley, a los mayores de 65 años hay que cuidarlos de sus propias decisiones, pues son incapaces de planear su futuro y de asumir libremente los riesgos de manejar su patrimonio. 

En cualquier caso, nada impide a las compañías de seguros ofrecer un paquete de renta vitalicia –similar al hoy vigente– para los jubilados menos propensos a tomar riesgos y que voluntariamente lo quieran contratar. Pero es difícil justificar que aquellos que prefieran destinar su fondo de jubilación a poner un negocio que les permita generar rentas, a invertir en un inmueble que dejar de herencia para sus hijos, o simplemente darse algunos lujos que no se dieron en su juventud, deban estar impedidos de hacerlo. 

Al fin y al cabo, no deja de resultar paradójico que algunos legisladores a favor de liberar los aportes piensen que los peruanos somos lo suficientemente responsables para administrar nuestros fondos después de los 65 años, pero no para ahorrar de manera responsable año a año pensando en la vejez. Mirado de cerca, el proyecto de ley en cuestión plantea una discusión aun más profunda sobre la naturaleza obligatoria del aporte previsional. La caja de Pandora que abrió el señor Schydlowsky parece que traerá aun más sorpresas.