Canje de papeletas

El sector transportes fue uno de los tantos que resultaron golpeados por la cuarentena que desencadenó la llegada del COVID-19 a nuestro país. Durante varias semanas, en efecto, el servicio del transporte público de pasajeros quedó suspendido en el ámbito nacional y, cuando el azote del virus amainó y algunas actividades empezaron a regresar a la normalidad, este pudo operar, aunque solo bajo ciertos requisitos de aforo. En compensación por el impacto que esto significó para los bolsillos de los conductores que prestan el servicio, al Gobierno no se le ha ocurrido mejor idea que presentar un proyecto de ley que busca condonarles un gran número de las papeletas que recibieron durante la pandemia.

La idea de que se deben de condonar multas para paliar el efecto económico que el COVID-19 ocasionó en los conductores en una especie de canje de papeletas es, literalmente, increíble. Y parecería fruto de la ingenuidad si no fuera porque en estos casi diez meses de gestión la administración del presidente Pedro Castillo ha demostrado en más de una oportunidad que sus intereses en lo que respecta al sector transitan por el carril equivocado; esto es, a favor de la informalidad en nuestras vías.

Como ha demostrado la campaña #NoTePases de este Diario en un reportaje publicado ayer, la iniciativa legislativa del Ejecutivo parece redactada específicamente para favorecer a los conductores de las combis piratas y los taxis colectivos, dos especies que suelen operar en la frontera de la ilegalidad y que cada tanto protagonizan accidentes fatales en las pistas del país.

Luego de hacer una comparación entre los tipos de infracción que serán comprendidos en la amnistía del Gobierno y la legislación vigente, nuestros colegas han encontrado que, entre otros, se condonarían las multas del tipo G-47 (por estacionar en lugares no autorizados para subir o bajar pasajeros) o las G-61 (por no llevar las placas en los lugares correspondientes).

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por su parte, ha afirmado que la amnistía no comprenderá las multas relativas a la seguridad vial, como aquellas que se imponen por manejar en estado de ebriedad o por conducir sin brevete. Pero estas precisiones no mejoran el exabrupto que vienen promoviendo.

Una multa, como es evidente, se impone para sancionar una inconducta y para disuadir a quien la cometió de repetirla en el futuro. Su objetivo es justamente modificar un comportamiento que podría poner en peligro la vida o la integridad, ya sea la propia o la de terceros. Como bien anotó el coronel PNP (r) Franklin Barreto, exjefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la policía, “en una sociedad en la que la educación vial no ha sido tomada en cuenta” condonaciones como las que propone el Gobierno ocasionarán “que las personas digan ‘vamos a esperar la siguiente amnistía’”.

Es inverosímil que el Gobierno desconozca lo anterior. Por lo que esta amnistía no parece tanto un acto de magnanimidad con los conductores golpeados por la pandemia como otro avance en la agenda de la informalidad en el transporte urbano.

Y es que, desde que Castillo llegó al poder y colocó a Juan Silva en el MTC, el ministerio pasó a convertirse en el aliado perfecto para los intereses informales del transporte en nuestro país, a los que este gobierno, entre otras acciones, les entregó la cabeza de Patricia Cama, la entonces presidenta de la Sutrán (a la que Silva declaró eufemísticamente “en reorganización” el pasado noviembre), les otorgó un reglamento del taxi colectivo (cuyo servicio, como hemos denunciado antes, se ofrece en situaciones que ponen en riesgo a los usuarios) y les ha prometido ampliar por 10 años más la autorización de rutas de combis, coasters y buses.

Visto así, el proyecto del Gobierno para amnistiar un gran número de multas cometidas durante la pandemia se alinea perfectamente con la agenda a favor de los informales en el transporte que han promovido desde que llegaron al cargo. Los que pagaremos por esto seremos, nuevamente, los usuarios.