(Foto referencial: EFE)
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Editorial El Comercio

En un oficio enviado ayer al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, representantes de todas las bancadas presentes en la actual conformación parlamentaria han solicitado al Gobierno abrir una mesa técnica de trabajo para “implementar una verdadera campaña nacional de comunicación social que coadyuve a controlar la pandemia”. El documento señala que en temas como el uso correcto de la mascarilla, las prohibiciones de las reuniones sociales y otros, “la comunicación del Gobierno respecto a las medidas de protección que debe tomar cada ciudadano no se está haciendo de manera articulada”. Y tampoco, añadiríamos nosotros, efectiva.

La observación de los distintos grupos parlamentarios coincide, en realidad, con una crítica que se le ha venido planteando al Ejecutivo casi desde el principio de la emergencia. A saber, que su transmisión de mensajes tan importantes como los anotados arriba ha sido errática y poco consistente.

No es que el Gobierno no haya dicho que lavarse las manos, guardar la distancia social o llevar siempre puesta la mascarilla resulta fundamental en esta lucha contra el COVID-19. De hecho, el presidente ha insistido en ello en muchas de las ocasiones en las que ha comparecido ante la opinión pública para informar sobre la situación sanitaria que enfrenta el país. Pero no ha sido suficiente.

Como se ha dicho ya en numerosas ocasiones, no todos los peruanos están desocupados atentos y pendientes de una presentación suya al mediodía. Y además, la reiteración de esa forma de comunicación hace que vaya perdiendo interés entre sus potenciales receptores. El bombardeo de contenidos tan relevantes como los que mencionamos tiene que ser, más bien, constante, a través de todas las plataformas posibles y realizado de manera imaginativa y accesible. Solo así calará en una mayoría de la población.

La propuesta de una “mesa de trabajo” para enfrentar el problema, sin embargo, podría resultar un poco engorrosa y acabar entorpeciendo uno de los propósitos para los que la eventual campaña ya está tarde: la inmediatez de su puesta en marcha. Quizás, en aras de la celeridad, lo ideal sería que el Ejecutivo procediese autónomamente y luego informe al Congreso. Después de todo, las materias a abordar son bastante obvias y no requieren del trabajo de una comisión o cosa por el estilo.

Un tema urgente en estos días para una campaña de este tipo, por ejemplo, es el del dióxido de cloro, al que muchas personas están recurriendo sin tener clara noción de los riesgos que corren al hacerlo. Sucede que no solamente no hay evidencia científica que sostenga los presuntos beneficios de su uso, sino que existen datos fehacientes del daño que está causando. El 30% de los hospitalizados últimamente en Arequipa, por citar un caso, están en esa situación por haberlo usado. Y a pesar de ello, figuras públicas como el gobernador de esa región, Elmer Cáceres Llica, y algunos legisladores lo proponen como medicina contra el coronavirus.

Es particularmente inquietante, en ese sentido, que la Comisión de Salud del Congreso –precisamente la institución que pide ahora la campaña de comunicación a la que aludimos– llegara a invitar a una de sus sesiones al ciudadano alemán Andreas Ludwig Kalcker, promotor del producto en cuestión calificado como fraudulento por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., y solo desistiera ante las abrumadoras críticas que recibió por ello.

Por supuesto que el Gobierno no ha guardado silencio sobre los problemas que entraña el dióxido de cloro. En julio, sin ir más lejos, Pilar Mazzetti declaró que no había estudios científicos que respaldasen su uso. Pero en ese entonces, ella no era todavía la titular del Ministerio de Salud y, a la vista de los hechos posteriores, su llamado de atención fue, claramente, insuficiente. Y esa es solo una de las abundantes materias, insistimos, de la lucha contra la pandemia sobre las que la información no ha circulado adecuadamente entre la ciudadanía.

Sirva, entonces, la invocación de las nueve bancadas parlamentarias para que el Ejecutivo se decida de una vez por todas a llevar adelante la campaña de comunicación que tantos sectores le reclaman.