Editorial: Detectives de Pasos Perdidos

En no pocas ocasiones, el Congreso ha decidido abocarse a la investigación de ciertos asuntos de interés público con tanto o más ahínco que el que le dedica a la producción legislativa que inherentemente le compete. Ello ha llevado no solo al establecimiento de una comisión parlamentaria permanente de fiscalización y contraloría, sino también a la conformación de diversas comisiones investigadoras ad hoc. 

Los resultados que tienen para exhibir ambos tipos de comisiones, sin embargo, suelen ser mucho menos que alentadores. Sea porque en su desarrollo dejaban traslucir el marcado sesgo político de quienes conducían estas comisiones o por las deficiencias técnicas y argumentativas de sus informes, las investigaciones parlamentarias de los últimos tiempos han contribuido poco o nada a la elucidación de algún asunto de relevancia. 

Una combinación de los defectos comentados se ha podido apreciar en el reciente informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría en relación con la muerte del señor Emerson Fasabi, ex empleado del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. 

El caso, como se recuerda, presentaba varias circunstancias sospechosas que justificaban una pesquisa a profundidad y que vienen siendo investigadas por el Ministerio Público (la fiscalía decidió reabrir el caso a inicios del año pasado). Entre ellas se encuentran la negativa inicial del entorno del ex mandatario a reconocer el vínculo laboral informal que mantenía con Fasabi, la forma extraña en que se produjo el retiro del cadáver de la morgue (luego de permanecer ahí durante dos semanas, este fue entregado al chofer del ex presidente Humala, Juan José Peñafiel, y no a Carola Lozano, prima de Fasabi, quien se había presentado antes para retirarlo) o el traslado del cuerpo hasta Ucayali con la colaboración económica del mismo ex presidente Humala.  

Pues bien, ¿qué aportes realiza el trabajo del grupo parlamentario para la absolución de aquellas interrogantes? Prácticamente ninguno. Luego de una serie de entrevistas a decenas de personas durante un lapso de nueve meses, el informe de la comisión parlamentaria presenta los mismos indicios anteriormente resumidos.  

Quizá la única novedad resaltante sea el informe del médico forense José Díaz Bendivel, el cual concluye que la causa básica de la muerte de Fasabi fue una “pancreatitis hemorrágica con daño hepático” (como se contemplaba también en el informe inicial realizado por el laboratorio del Instituto de Medicina Legal), pero indica que dicho cuadro se habría producido no por la ingesta de etanol sino por una sustancia tóxica no identificada. Cuando se hizo pública su opinión, el mencionado perito advirtió, además, que él no había practicado un estudio directo al cadáver, sino a otros elementos forenses que incluían fotografías y láminas de patología. 

Lo que correspondería entonces sería corroborar o descartar la hipótesis del perito y, de ser el caso, indagar qué sustancia tóxica habría ingerido Fasabi, cuál pudo ser la fuente de dicho elemento y si pudo mediar violencia o se trató de un acto voluntario. El informe de la Comisión de Fiscalización y el del perito contratado, sin embargo, saltan con garrocha este análisis y concluyen temerariamente que el deceso de Fasabi “fue de TIPO HOMICIDA, tratándose de una muerte violenta”. Más aún, el informe parlamentario “presume que el móvil para causar la muerte de Emerson Fasabi Moscobich estaría vinculado con la sustracción de las agendas personales de la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón, a fin de evitar que las agendas originales fueran de conocimiento del Ministerio Público”, sin presentar evidencia que sustente una aseveración tan grave. 

A partir del informe de la Comisión de Fiscalización, en consecuencia, no se puede concluir la comisión de un crimen en el deceso del antiguo colaborador del ex presidente Humala, ni tampoco descartar dicha hipótesis. Quizá sea hora, pues, de dejar las labores de detective a quienes se encuentran realmente capacitados para dicha tarea.