Editorial: Cuerpos vestigiales
Editorial: Cuerpos vestigiales
Redacción EC

Muchos seres suelen mantener lo que se conoce como cuerpos vestigiales. Estos son órganos que cumplieron alguna función en el pasado y que dejaron de cumplirla debido a la evolución, pero que permanecen aún en el cuerpo. Un ejemplo de ellos son las muelas del juicio. Aparentemente, estas muelas eran utilizadas por nuestros antepasados de mandíbulas más largas para masticar follaje. Y aunque el hombre cambió de dieta y se acortaron sus mandíbulas, mantuvo estas muelas que hoy salen en posiciones incómodas y que ahora solo sirven para garantizarnos una dolorosa visita al dentista.

Se podría decir que los gobiernos, al igual que los organismos vivos, tienen también cuerpos vestigiales. Por ejemplo, cargos cuya existencia tuvieron sentido en el pasado pero que ahora no se justifican y que suelen traer mayormente problemas. Este es el caso de los gobernadores, funcionarios del Poder Ejecutivo que dependen del Ministerio del Interior y que el programa “Cuarto poder” denunció este domingo estar siendo utilizados por el oficialismo para hacer labor proselitista. Es decir, trabajo partidario del nacionalismo financiado por los contribuyentes.

¿Por qué serían estos cargos cuerpos vestigiales? Pues porque su existencia tenía sentido en el pasado bajo una estructura de gobierno y estándares de comunicación distintos, mas no ahora.

Antes del proceso de regionalización era lógico que el Poder Ejecutivo tuviese representantes que ejercieran su autoridad política en los departamentos. Estos cargos, además, se justificaban porque en el pasado las tecnologías de la comunicación eran tan precarias que en algunos lugares resultaba muy complicado contactarse inmediatamente con un ministerio y se necesitaba una autoridad delegada que pudiese estar presente en cada departamento o circunscripción territorial menor. Es así como surgieron los prefectos, que cumplían el rol de representantes del poder político central.

La existencia de este tipo de representantes, no obstante, perdió sentido con la descentralización, la regionalización y el desarrollo de las comunicaciones. Debido a que gran parte del poder político y económico se transfirió hacia las regiones y los gobiernos locales, los representantes del Poder Ejecutivo ya no tenían un rol que cumplir (sumado a que las comunicaciones han evolucionado muchísimo por lo que a la mayoría del Perú no le es un problema contactarse con el Gobierno Central). De hecho, se eliminaron las prefecturas en el 2006. Sin embargo, cual muela del juicio que ya no cabe en la mandíbula, se mantuvo la figura de un representante del poder central en los departamentos y circunscripciones menores: los gobernadores.

Era tan evidente que su existencia era injustificada que nunca se les pudo asignar competencias coherentes y claras. Su reglamento dice que los gobernadores son representantes políticos del Poder Ejecutivo subordinados al Ministerio del Interior y encargados de tareas de las que, francamente, ya se encargan otras entidades. Por ejemplo, registrar denuncias sobre atentados contra derechos humanos (algo que ya hacen la policía y la Defensoría del Pueblo) o velar por la correcta prestación de servicios públicos (labor para la que existen los organismos reguladores y las municipalidades). Asimismo, quizá para justificar su existencia, se les otorgó otras llamativas (por llamarlas de alguna forma) facultades. Entre ellas, representar al Ministerio del Interior en rifas sociales, certificar la venta de ganado, promover la identidad nacional, o realizar campañas para prevenir actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres.

Lo cierto es que hoy los gobernadores son funcionarios públicos que no tienen ningún rol relevante ni claro. Y las escasas tareas de importancia que tienen (como tramitar las garantías personales a los ciudadanos que las requieran) podrían encargárselas a otras autoridades locales (como las municipalidades o las comisarías).

Como los gobernadores no tienen ninguna función importante, no resulta extraño que sus cargos terminen siendo usados por el partido de turno para darle trabajo a algunos correligionarios. Ni tampoco sorprende que estos últimos luego utilicen su puesto para fines proselitistas, como parece que sucede ahora con los colocados por el Partido Nacionalista, el cual, debido a su falta de cuadros, habría echado mano de los gobernadores y tenientes gobernadores para realizar labores partidarias.

No se justifica que los contribuyentes sigan financiando estos cuerpos vestigiales. Como las muelas del juicio, lo mejor que se puede hacer con ellos es extirparlos.