Editorial: Decía nomás…

Primera escena: El presidente Kuczynski concede una entrevista a un programa dominical y, a una pregunta sobre si confía en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), responde: “No, para nada. El artículo 155 de la Constitución dice que el CNM se compone de los dirigentes de tal y de tal gremio. Tenemos que ir al Congreso y decir que vamos a trabajar en una enmienda constitucional solo del artículo 155”. Y luego añade: “Tenemos que decir que vamos a poner en el CNM a tres personas de altísimo nivel: una seleccionada por el Congreso, otra por el Poder Judicial y otra por el Ejecutivo”.

Segunda escena: Un día después, el presidente del CNM, Guido Aguila, señala que, de concretarse la propuesta del mandatario, “existe un riesgo de politización” de la referida entidad.

Tercera escena: Horas más tarde, el jefe de Estado aborda nuevamente el tema y dice: “El domingo, en un programa de televisión, propuse una idea. No es una propuesta formal; es una idea para discutirla”.

A pesar de lo tentador que resulta considerar esta sucesión de hechos como una comedia de enredo, la circunstancia llama más a preocupación que a risa. No solo porque constituye una enésima enmienda del presidente respecto de alguna declaración suya (pensemos, por ejemplo, en su cambiante opinión sobre la idoneidad de los nuevos miembros del directorio del BCR o en las dos versiones de la razón por la que Carlos Moreno dejó de ser su asesor en asuntos de salud), sino también porque revela una subestimación acerca de la gravitación de lo que un mandatario declara frente a la ciudadanía y, sobre todo, porque contradice lo propuesto por Peruanos por el Kambio (PPK) en su plan de gobierno.

Cuando un jefe de Estado habla sobre un tema tan trascendental como la reforma del sistema de justicia, efectivamente, la población tiene la impresión de que está anunciando una política de gobierno y no ensayando hipótesis sobre ideas sin madurar. Máxime si, al hacerlo, utiliza dos veces el giro ‘tenemos que’, que no sirve precisamente para introducir consideraciones optativas.

El plan de gobierno de PPK, por otro lado, ofrecía “formular, el 2016, una propuesta de reforma constitucional y una nueva ley orgánica del CNM, sobre la base de los trabajos que han elaborado, entre otros, Transparencia, la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia y la Pontificia Universidad Católica del Perú”.

Pero si uno revisa lo que plantea específicamente Transparencia –la más explícita de las instituciones mencionadas en lo que a la reforma en cuestión se refiere– en su Plan 32, descubre que allí se destaca la importancia de que el CNM conserve su asepsia respecto de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y también del Judicial –para evitar una eventual cooptación–. Por ello, el documento propone que la responsabilidad de elegir a sus miembros descanse en otras instituciones autónomas que inspiran confianza entre la ciudadanía, como el Tribunal Constitucional (1), el Banco Central de Reserva (1), la Corte Suprema (1), la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía (1), y en un concurso público organizado por el JNE con el apoyo de Servir (3). 

¿En qué quedamos entonces? ¿Aquello fue también solo “una idea para discutirla”, o era un compromiso asumido con los votantes de cumplimiento obligatorio si llegaban al gobierno? 

¿Se arrepintió de pronto el presidente de lo ofrecido en campaña? ¿Lo olvidó durante la entrevista y decidió sencillamente compartir con los televidentes algunas perplejidades sobre lo que se podría hacer en una materia tan delicada? La verdad es que ninguna de esas opciones es buena. Como tampoco lo es que, frente a los cuestionamientos que motivó su intervención, pretendiera escurrirse por la tangente con una salida del tipo ‘yo decía nomás’.

De un jefe de Estado se espera orientación clara y cumplimiento de lo ofrecido. Y en este caso no es eso precisamente lo que hemos recibido.