Editorial: Defender la fortaleza

Para ser honestos, el Perú no es y nunca ha sido un país con demasiadas fortalezas en lo que a competitividad se refiere. Basta con mirar rápidamente los diferentes ránkings internacionales para comprobar que, en institucionalidad, en educación, en infraestructura, en todas las categorías relevantes, el Perú no se encuentra en posiciones privilegiadas. La única excepción de las últimas décadas ha sido nuestra solidez macroeconómica. Después del descalabro nacional de los años 80, la inflación, el tipo de cambio, el déficit fiscal, la deuda pública, entre otras variables, se han mantenido –mal que bien– en niveles razonables y estables, a diferencia de otros países de la región y del mundo. Sería un sinsentido poner en riesgo una de nuestras principales ventajas competitivas. 

Y sin embargo, la posibilidad de que el déficit fiscal llegue a niveles inaceptables no está fuera del horizonte. Para el 2017, se estima que el déficit cerrará en aproximadamente 3% del producto, la mayor brecha entre ingresos y gastos del sector público en diez años. El resultado podría haber sido peor si no hubiese sido por la lentitud en la ejecución del gasto público (al 30 de diciembre del 2017, se había ejecutado solo el 69,6% del monto asignado para inversión pública en el año). Para el 2018, se espera un déficit de 3,5% del PBI. Del 2019 en adelante, la expectativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es converger a un déficit de 1% al 2021. 

En la medida en que estas proyecciones sean certeras, el problema permanecerá bajo control. Pero hay dos razones para la preocupación. La primera es que el Ejecutivo parece todavía no tener una idea clara de cómo revertir la tendencia a la baja –por quinto año consecutivo– de la recaudación fiscal. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la recaudación tributaria fue de aproximadamente 13,4% del PBI durante el 2017, la más baja en 10 años. Entre los motivos que explican la tendencia hay algunos que escapan a la responsabilidad directa del MEF en temas de recaudación (como la desaceleración económica y la devolución de IGV), pero otros que sí son limitaciones de la política pública implementada (como la falta de impacto de los regímenes tributarios especiales para mypes y el desmonte de algunas actividades de fiscalización de la Sunat). 

El segundo motivo de preocupación es la insistencia de parte del Congreso para aprobar iniciativas legislativas que erosionan la base tributaria o fomentan mayor gasto. En anteriores ocasiones nos hemos referido ya al riesgo para la institucionalidad fiscal que suponen propuestas como la Alerta Educativa para Mypes, el Sello Mype y el paso forzado de trabajadores bajo el régimen CAS a planilla, y varias más. Esta situación llevó al presidente del BCRP, Julio Velarde, a mencionar que el MEF estaría perdiendo influencia suficiente en el Legislativo para frenar propuestas perniciosas que arriesgan la caja fiscal.  

Aunque, como consecuencia del gasto en la reconstrucción del norte, el déficit fiscal del año que empieza será más alto, recuperar terreno con políticas públicas saludables durante el 2018 es tarea urgente. La agenda, como se mencionó, pasa por revisar el esquema de los regímenes tributarios mype que sirven en muchos casos para la elusión de impuestos, mejorar la fiscalización y controlar los ímpetus parlamentarios; pero también por cerrar determinadas exoneraciones tributarias (el caso de las exoneraciones para la selva es el más patente), simplificar el proceso de pago de impuestos y, sobre todo, ampliar la base tributaria. Nada de esto es tarea fácil, pero el esfuerzo vale la pena si queremos defender con determinación una de las fortalezas económicas que han caracterizado al país durante las últimas décadas.