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Es muy difícil encontrar un analista económico o un banco que no haya recortado sus proyecciones de crecimiento del PBI del 2017 durante las últimas semanas. Ante el destape de la corrupción de Odebrecht y la paralización o retraso de grandes proyectos de infraestructura, las sumas y multiplicaciones ya no alcanzan para el objetivo de crecer al 4% o más.
Entre economistas se debate hoy qué se puede hacer para impulsar el crecimiento económico de este año: acelerar la ejecución de asociaciones público-privadas limpias (como la expansión del aeropuerto Jorge Chávez), promover un crecimiento a dos dígitos de la inversión pública o destrabar grandes proyectos de inversión privada son algunas de las opciones en la discusión.
Ante este panorama, el Ministerio de Economía (MEF), con su titular Alfredo Thorne a la cabeza, anunció hace unos días que el gobierno tomará tres medidas concretas con el objetivo de retomar el ritmo de crecimiento del PBI y no dejar que caiga por debajo del 4%: un impulso adicional a la inversión pública de S/2.000 millones, un agresivo programa de vivienda de S/5.000 millones y un programa de expansión crediticia.
Si bien no queda del todo claro por qué estas políticas son razonables con un crecimiento proyectado de 3%, pero no lo eran con un crecimiento proyectado de 4%, el énfasis en el crecimiento del producto de este año es positivo. Como hemos señalado en anteriores editoriales, un punto adicional de crecimiento del PBI se traduce en aproximadamente un punto porcentual menos de pobreza en el Perú y en varias decenas de miles de nuevos puestos de trabajo formales. Contrariamente a lo que dicen algunos, el crecimiento económico sí se come.
Lo que preocupa, sin embargo, es el énfasis en el corto plazo que ha tomado la discusión reciente de políticas económicas. El interés por el crecimiento en el 2017 y por las medidas para lograr una buena tasa de expansión este año han ocupado buena parte del espacio de discusión que en los últimos meses se destinaba a debatir sobre las reformas de mediano y largo plazo. Pero ni el Perú se acaba en el 2017 ni hay algo que haga al 31 de diciembre de este año un objetivo en sí mismo.
Así, pues, la premura por lograr la tasa objetivo de crecimiento en el 2017 no debe distraer al gobierno ni a la opinión pública de los retos principales de la actual administración. Entre estos se cuentan, por ejemplo, la reforma laboral, el manejo institucional de los conflictos sociales, el apoyo a la reforma del sistema de justicia, la modernización del Estado, entre varios otros.
El capital político y las capacidades operativas del gobierno de Peruanos por el Kambio deben orientarse –por sobre todas las cosas– a la mejora de la competitividad y productividad de largo plazo, esas que marcan el derrotero de la nación por las siguientes décadas. En un país con tantas necesidades como el Perú, es comprensible que exista una sensación de urgencia por crecer hoy y no mañana, pero el riesgo a veces es sacar la mirada del horizonte y caer en el inmediatismo.
Curiosamente, son estas reformas estructurales y de largo plazo –o por lo menos la voluntad de emprenderlas– las señales que verdaderamente marcan la confianza ciudadana y empresarial, confianza que a su vez se traduce en más inversión privada, más consumo familiar y en mayor producto en el corto plazo. Si queremos ser exitosos hoy, pues, preocupémonos sobre todo por ser exitosos mañana.