En los próximos días, se oficializará el reparto de las presidencias de las comisiones del Congreso, una negociación que suele tener cierto peso al momento de confeccionar las listas para la Mesa Directiva o de condicionar el voto para determinada fórmula. Y, según fuentes de este Diario, en el palacio de la plaza Bolívar estarían sopesando la posibilidad de cederle la Comisión de Ética al Bloque Magisterial, pese a que el titular de dicho grupo, Diego Bazán (Avanza País), fue elegido para desempeñarse en ese cargo hasta el 2025.
La razón para este cambio sería simple aritmética: por número de parlamentarios, a la bancada de los maestros les correspondería presidir dos comisiones; sin embargo, solo se les ha otorgado la de Energía y Minas. Las mismas fuentes del Diario han añadido que ha sido el propio Bloque Magisterial el que ha pedido esta comisión, y el último lunes el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, afirmó que, en efecto, “la puede presidir el Bloque Magisterial o también otra bancada que nos ha solicitado”.
De llegar a concretarse esta posibilidad, no obstante, estaríamos ante una nueva afrenta del Parlamento a la ciudadanía, pues así como parece una broma de mal gusto cederle la Comisión de Fiscalización a una bancada repleta de investigados como Podemos Perú, lo mismo ocurriría en este caso. Ello, porque ni uno solo de los ocho integrantes del Bloque Magisterial está exento de cuestionamientos de naturaleza ética.
Paul Gutiérrez, por ejemplo, fue noticia el año pasado por presentar un proyecto de ley para –como él mismo terminó confesando después– quitarle la pensión de alimentos a su hija solo porque no le había gustado el nombre que le había puesto su madre. Y unos meses atrás, este Diario reveló que utilizaba contenido generado por ChatGPT para redactar sus proyectos de ley (una soterrada forma de plagio). Gutiérrez además viajó en noviembre pasado con su colega de bancada Germán Tacuri a una exposición sobre momias alienígenas en México, mientras se llevaban a cabo sesiones claves en el hemiciclo. Tacuri, Gutiérrez y otro miembro del Bloque Magisterial, Segundo Quiroz, se hallan comprendidos en la investigación del Ministerio Público por el Caso Los Niños.
Quiroz, dicho sea de paso, fue el autor de un proyecto de ley mordaza que buscaba penalizar la difusión de información secreta, como aquella que suelen dar los aspirantes a colaboradores eficaces. Entre tanto, su compañera de bancada, Katy Ugarte, fue noticia esta semana por una polémica iniciativa para que el delito de perjurio se sancione con hasta seis años de cárcel en nuestro ordenamiento jurídico, algo que varios analistas advierten que terminaría por desincentivar que extrabajadores del Legislativo denuncien a sus jefes por mocharles el sueldo, como ha ocurrido en este período parlamentario con al menos 13 congresistas, entre ellos la propia Ugarte.
En cuanto a la congresista Elizabeth Medina, también del Bloque Magisterial, su esposo fue involucrado en una supuesta trama de coimas a alcaldes que la comprometía a ella misma según un testimonio recogido por la fiscalía. Y Lucinda Vásquez se encuentra investigada por presuntamente haber vendido el examen para el ascenso a la carrera pública magisterial de noviembre del 2021.
Los dos miembros restantes de la agrupación, Alex Paredes y Óscar Zea, cargan con sus propios cuestionamientos. En el caso de Paredes, defendió al congresista Edgar Tello (Podemos Perú) en la denuncia que enfrentó en la Comisión de Ética en abril último por mochasueldo. Contra lo que se proponía en el grupo de trabajo, Paredes pidió que se le rebaje la sanción a solo 30 días multa. Mientras que Zea fue ministro de Desarrollo Agrario y Riego durante la gestión de Pedro Castillo, cuando se destapó que enfrentó dos acusaciones por homicidio, una de las cuales lo llevó a prisión en 1999.
Así las cosas, ninguno de los miembros de la bancada de los maestros tiene las credenciales mínimas para presidir una comisión que ya de por sí despierta suspicacias entre los ciudadanos que la ven como un grupo conformado para el blindaje. La Comisión de Ética, sencillamente, no debería dejarse a meras cuestiones aritméticas o de cuotas.
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