Cuando Yenifer Paredes asumió la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, este Diario advirtió que su nombramiento no respondía a méritos propios sino a intereses que Juntos por el Perú (JP) nunca explicó. La cuñada del expresidente golpista Pedro Castillo carecía, y carece, de credenciales que justifiquen su llegada a una comisión tan sensible para la economía nacional. El plan de trabajo que ha presentado, y que la propia comisión decidió postergar ante el reclamo de varios integrantes, confirma que aquella advertencia no era exagerada.
El documento consagra dos despropósitos. El primero es otorgar un rol protagónico a los mineros artesanales e informales en las audiencias públicas y mesas de trabajo, en clara sintonía con la Confemin, gremio que ni siquiera tiene sus concesiones en regla. Como han señalado expertos y congresistas de otras bancadas, se trata de un direccionamiento que ignora a los pequeños mineros formales y a otros sectores, y que convertiría a la comisión en vocero de un solo gremio, con evidente interés en la futura Ley Mape y en el destino del Reinfo.
El segundo despropósito es más grave aún: la pretensión de realizar “visitas inopinadas” a obras y establecimientos privados del sector minero-energético y de ejercer “control político” sobre empresas privadas. El Congreso carece de facultades para fiscalizar organizaciones que no sean públicas; esa función corresponde a organismos como Osinergmin y el Ministerio de Energía y Minas. Investir a la comisión de una potestad que la Constitución no reconoce no es fiscalización, sino invasión de competencias que generará inseguridad jurídica y desalentará la inversión en un sector ya golpeado por la minería ilegal.
Que la votación haya sido postergada porque varios diputados no conocían el contenido del plan revela cómo se pretendía imponer, sin debate, una agenda con nombre y apellido. El reflejo de los integrantes de dicha comisión ha sido positivo. Sin embargo, cabe recordar que Paredes fue elegida por unanimidad, con los 18 votos de la comisión, incluidos los de Fuerza Popular y Renovación Popular; es decir, que quienes hoy objetan el plan avalaron sin reparos su designación pese a su nula trayectoria técnica y son, por ello, responsables de este despropósito.
El Congreso debe fiscalizar con firmeza a quienes deben rendir cuentas al país, pero dentro del marco legal y sin favoritismos hacia gremios que actúan al margen de la ley. La sesión del próximo martes 8 de setiembre es la ocasión para que primen la cordura y el criterio técnico sobre el sectarismo. Los integrantes de la comisión, en especial quienes ya advirtieron las inconsistencias del plan, deben corregir de raíz estos dos puntos antes de aprobar cualquier documento. Mantenerlos equivaldría a avalar una comisión convertida en un feudo de la minería informal secuestrada por intereses ajenos al bien común y hostil, sin fundamento alguno, a la inversión que el país necesita.
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