La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados ha dado marcha atrás en el plan de trabajo que su presidenta, Yenifer Paredes, presentó la semana pasada. Se trata de una noticia positiva: el nuevo documento, aprobado por unanimidad, elimina las visitas inopinadas a las empresas mineras privadas y deja de abrirle las puertas de las sesiones a la Confemin, la organización de mineros informales que pretendía ganar protagonismo en la fiscalización del sector.
La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados ha dado marcha atrás en el plan de trabajo que su presidenta, Yenifer Paredes, presentó la semana pasada. Se trata de una noticia positiva: el nuevo documento, aprobado por unanimidad, elimina las visitas inopinadas a las empresas mineras privadas y deja de abrirle las puertas de las sesiones a la Confemin, la organización de mineros informales que pretendía ganar protagonismo en la fiscalización del sector.
Hace unos días, este Diario explicó las razones por las que ese plan original no debía aprobarse. Como se señaló entonces, el nombramiento de Paredes –cuñada del expresidente golpista Pedro Castillo– no respondía a méritos propios, sino a intereses que Juntos por el Perú jamás explicó. Su propuesta buscaba ceder protagonismo a la minería informal y legitimar un control político, de forma inconstitucional, sobre la empresa privada. El retroceso de hoy confirma que aquella advertencia no era exagerada.El nuevo plan corrige la ruta. Se elimina el ingreso a las propiedades privadas, que en adelante requerirá autorización expresa del titular, y se amplía la participación de los titulares de la mediana y gran minería, de los gremios empresariales, de los pequeños mineros y mineros artesanales formales y de las comunidades campesinas y nativas. La comisión se compromete, además, a fiscalizar los organismos públicos del sector y a no sustituir las competencias del Osinergmin, la OEFA y demás entes del Ejecutivo.
Sin embargo, sería un error conformarse con esta enmienda. Quien preside la comisión es la misma diputada que firmó el documento cuestionado y buscó aprobarlo sin mucho debate, lo que revela una vocación nítida por favorecer a un determinado sector de la minería informal. La ciudadanía debe permanecer atenta a lo que salga de este grupo de trabajo: la rectificación puede ser frágil y los intereses que la motivaron no han desaparecido.
La comisión debe convocar también a los afectados por la contaminación de la minería informal y articular su labor con otras comisiones para combatir esta economía ilegal. Solo así este retroceso dejará de ser un gesto coyuntural y se convertirá en garantía de que la fiscalización parlamentaria se ejercerá con apego a la ley. La corrección es saludable, pero la vigilancia ciudadana no puede bajar la guardia, menos con los antecedentes ya mencionados.