El hallazgo de más de 1.600 desperfectos en la refinería de Talara, revelado por la Contraloría General de la República, confirma lo que varios especialistas venían advirtiendo: la joya de la corona de Petro-Perú, una inversión de más de US$6.500 millones que los peruanos seguimos pagando, no está en condiciones de operar con la seguridad que exige una instalación de su envergadura. Que la refinería más cara de nuestra historia funcione, según el Minem, a solo 60% de su capacidad, y que su unidad más crítica, el Flexicoquing, haya operado en promedio al 41% en los últimos dos años y medio, no es un tropiezo pasajero, sino la crónica de una gestión fallida y prolongada.
El hallazgo de más de 1.600 desperfectos en la refinería de Talara, revelado por la Contraloría General de la República, confirma lo que varios especialistas venían advirtiendo: la joya de la corona de Petro-Perú, una inversión de más de US$6.500 millones que los peruanos seguimos pagando, no está en condiciones de operar con la seguridad que exige una instalación de su envergadura. Que la refinería más cara de nuestra historia funcione, según el Minem, a solo 60% de su capacidad, y que su unidad más crítica, el Flexicoquing, haya operado en promedio al 41% en los últimos dos años y medio, no es un tropiezo pasajero, sino la crónica de una gestión fallida y prolongada.
Lo más grave no son esas cifras, sino un hecho que debería alarmar a cualquier ciudadano: la refinería opera sin estudio de riesgos de seguridad (ERS) vigente desde hace tres años y medio. Este protocolo, obligatorio en cualquier instalación energética del país, establece cómo actuar ante incendios, explosiones o fugas de químicos. Ninguna empresa privada, ni el grifo más pequeño, podría operar sin él. Pero en febrero del 2023 el Minem, mediante un decreto express, eximió a Petro-Perú de presentarlo por 18 meses para apurar el arranque de la planta. Ese plazo ya se prorrogó dos veces y todo indica que se extenderá nuevamente en noviembre, pues Osinergmin declaró improcedente el último estudio presentado. Una excepción pensada para una urgencia transitoria se convirtió, por la vía de los hechos, en la normalidad.
Petro-Perú respondió que las observaciones de la contraloría son documentales, no fallas físicas ni condiciones inseguras, y que el ERS avanza con opiniones favorables para las primeras unidades. Puede haber algo de cierto en ello, pero no exculpa lo esencial: una infraestructura de esta magnitud lleva casi tres años operando sin el respaldo regulatorio que garantiza su seguridad, y quienes debieron resolverlo a tiempo optaron por prórrogas sucesivas antes que por soluciones definitivas.
Como hemos sostenido en este espacio, las astronómicas sumas entregadas a Petro-Perú deberían avergonzar a los funcionarios que nos metieron en este problema. Las gestiones que apresuraron la puesta en marcha “al 100%” en diciembre del 2023, sin resolver los permisos ni la operatividad real de la planta, actuaron con una irresponsabilidad que hoy pagamos todos, en riesgo físico y en factura fiscal. La actual administración dice que está evaluando lo pendiente; esperemos que sea con la urgencia y transparencia que el caso amerita, y no con el mismo patrón de postergaciones que ha marcado a esta refinería desde su origen. El país no puede seguir tolerando que una obra financiada con recursos públicos opere sin las garantías mínimas de seguridad y sin que funcione a plena capacidad.
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