Editorial: ¿Quién dijo que no hay dictadura?

Cuando en 1812 un terremoto destruyó Caracas, Simón Bolívar dijo: “Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”. La frase respondía a las declaraciones del grupo de realistas que aseguraba que el desastre en cuestión era un castigo divino contra el pueblo venezolano por sublevarse para obtener su independencia de la corona española. 

La anécdota viene hoy a la memoria porque, más de dos siglos después, cuando la oposición podría trazar el camino que termine con casi veinte años de ‘revolución bolivariana’ en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro busca someter a toda costa la autoridad del Poder Legislativo, cuya mayoría perdió de manera abrumadora en las recientes elecciones. Y es que desde que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió el control de la Asamblea Nacional (AN), el chavismo ha intentado reducir la autoridad que este poder del Estado tiene el legítimo derecho de ejercer. 

Así, en un intento por sabotear el manejo opositor del Parlamento, el 30 de diciembre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –copado por magistrados chavistas– suspendió cautelarmente la investidura de cuatro parlamentarios (tres de la MUD y un oficialista). Esto tras ‘denunciar’ la existencia de fraude electoral y compra de votos en el estado de Amazonas, donde dichos representantes fueron elegidos. No obstante, la determinación del TSJ no fue acatada por la AN y, el 6 de enero, juramentó a los tres diputados impugnados.

El chavismo, sin embargo, tras un primer intento fallido del boicot discreto que hubiera significado despojar a la MUD de esa cantidad clave de representantes, ha buscado que, ante el desacato de lo determinado por el TSJ, sea esta institución la que reemplace al Poder Legislativo en sus funciones. Según la Sala Electoral de este organismo, todas las decisiones tomadas y que adoptase la AN serían anuladas si los legisladores impugnados permanecían juramentados. La medida consideraba, además, que la Sala Constitucional del TSJ asumiera las tareas del Legislativo.

Esta decisión, que no contemplaba siquiera la Constitución chavista vigente, fue calificada de ‘fujimorazo’ por la oposición venezolana, pues, como sucedió en nuestro país en 1992, pretendía desconocer el principio de la separación y el contrapeso entre los poderes del Estado, así como la voluntad de la ciudadanía expresada recientemente en las urnas. 

La MUD, empero, para evitar el desenlace considerado por el TSJ, decidió ayer acatar la resolución y desincorporar a los diputados electos mientras las investigaciones del caso continúen. La ausencia de estos parlamentarios, dicho sea de paso, significa para la oposición perder la mayoría calificada en el Poder Legislativo, lo que explica el apremio del gobierno por sacarlos de juego.

El régimen autoritario de Maduro ha empezado, pues, a percibir que su poder se eclipsa y no está dispuesto a tolerarlo. Por ello, ha buscado el ensanchamiento de las potestades del Ejecutivo y sus satélites. Por ejemplo, por decreto, el presidente le ha quitado a la AN la autoridad para nombrar a dos de los seis directores del Banco Central, tomando un mayor control sobre la política monetaria del país. 

A esa expansión de las competencias del Ejecutivo se le ha sumado, también, una reestructuración del gabinete, que incluyó la creación de siete ministerios. Y entre los nuevos ministros designados por Maduro se encuentra, en la cartera de Economía Productiva, Luis Salas, un sociólogo que aseveró que la inflación “no existe en la vida real” y, supuestamente, uno de los encargados de recuperar la alicaída economía del país llanero.

En esa medida, es fácil anticipar que no solo en el terreno de las libertades políticas y la democracia las cosas continuarán yendo de mal en peor para los empobrecidos venezolanos. Pero es por eso, precisamente, que si bien la victoria opositora en las últimas elecciones es valiosa y constituye un avance, ella no debe conducir a que las fuerzas democráticas en todo el continente bajen la guardia y sean contemplativos con quienes pretenden ignorar la naturaleza dictatorial del régimen de Maduro. Un prurito que debemos tener presente también a la hora de evaluar a quienes aspiran a acceder a la presidencia de nuestro país en el proceso electoral en marcha.