Editorial: Dogmatismo en el sector pesca

El Ministerio de la Producción (Produce) ha vuelto a sufrir un revés judicial para la aplicación de su cuestionada y poco eficiente política pesquera que, desde hace más de dos años, busca “reordenar” la pesca industrial de la anchoveta y promover el consumo humano directo. La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia emitió, hace unos días, un falló por el cual declara inconstitucional el segundo decreto supremo emitido por Produce que limitaba la pesca industrial en nuestro litoral. ¿Qué implicancias tiene este fallo para el país?

Recapitulemos. Por un buen tiempo, el Gobierno y la Asociación de Armadores Pesqueros estuvieron enfrentados judicialmente a raíz del Decreto Supremo 005 de Produce, que prohibía la pesca industrial de la anchoveta dentro de las primeras 10 millas de nuestro litoral. El objetivo: dejar esta área como exclusivas y liberadas (es decir, sin límite de cuotas) para las embarcaciones de menor escala y artesanales siempre y cuando que pescaran “preferentemente” para consumo humano directo. Por otro lado, la flota industrial, que, a diferencia de los anteriores, sí cuentan con cuotas máximas de pesca individuales y, con un sistema de control vía satélite, podrían operar solo a partir de la milla 10. La justificación de esta política: privilegiar el consumo humano directo de anchoveta.

Sin embargo, luego de varios meses en disputa, la Corte Suprema puso punto final a ese enfrentamiento y declaró inconstitucional el Decreto Supremo 005, lo cual permitió que la pesca industrial pueda volver a operar a partir de la milla 5, como lo venía haciendo desde hace años de manera exitosa y sin afectar la biomasa. Los argumentos del fallo se basaban fundamentalmente en que Produce no pudo acreditar con suficiente evidencia científica ni objetiva la diferencia de derechos entre embarcaciones industriales y artesanales para realizar la diferenciación de las zonas exclusivas, por lo que se consideró la medida como discriminatoria. 

No obstante, la entonces ministra de la Producción, Gladys Triveño, criticó la resolución y sostuvo que el fallo ponía en riesgo la biomasa de la anchoveta, por lo que, desconociendo lo resuelto por el Poder Judicial, emitió el Decreto Supremo 011, el cual reservaba las primeras 10 millas (7 en el sur del país) para las embarcaciones de menor escala y artesanales, con la diferencia de que ahora la pesca en esa franja sería “exclusivamente” para consumo humano. En virtud de ello, la Asociación de Armadores interpuso otra demanda judicial que ha dado como resultado lo que era previsible: el Poder Judicial, nuevamente, ha declarado inconstitucional el decreto supremo de Produce. Como era de esperarse, el ministerio no se quedará con los brazos cruzados y apelará la decisión. 

Lo cierto es que a dos años de entrar en vigencia ambos decretos, los resultados esperados distan mucho de ser los deseados por el ministerio. Según Macroconsult, esta regulación, en vez de incentivar el consumo humano directo de la anchoveta, se ha reducido a un tercio de lo que fue hace dos años. Además, la regulación ha favorecido que se produzca una mayor pesca ilegal, la que ha generado la denominada “harina negra”, que –según lo señalado por Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería– no paga impuestos, contamina y depreda los recursos del mar. Ello debido a que, a diferencia de la pesca industrial, la pesca artesanal no cuenta con los mecanismos de monitoreo a los que están obligados los pesqueros industriales, por lo que es muy difícil su fiscalización. Esto, además, ha ocasionado que la pesca industrial no logre llegar sus cuotas asignadas en la temporada de pesca, lo que ha puesto en peligro a una de las industrias más importantes del país.

En un contexto de un leve calentamiento de la temperatura de nuestro mar es necesario que Produce tome conciencia de los efectos negativos que vienen ocasionando estas medidas. Se deben proponer soluciones que beneficien tanto a la actividad pesquera industrial como a la artesanal, pero sobre todo que evite que la ilegalidad se apodere de nuestro mar y sus recursos. La industria pesquera tiene los argumentos técnicos y científicos de su lado, además del respaldo del Poder Judicial. Por ello, es hora de que el gobierno deje de lado posiciones dogmáticas y fomente nuevamente la industria a base de lo que la evidencia nos demuestra, pues, de no ser así, es probable que la industria pesquera y el consumo humano se vean afectados.