Editorial El Comercio

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (), nunca ha sido un dechado de democracia. Desde su campaña, sus ataques constantes a la prensa y a las instituciones, así como su trato con guantes de seda a las satrapías que han devorado las libertades en Venezuela, Nicaragua y Cuba, lo pintaron de cuerpo entero. Y ahora, su insistencia en socorrer a , quien desde ayer se encuentra bajo mandato de por decisión del Poder Judicial tras intentar quebrar el orden constitucional en nuestro país el último miércoles, ha venido a recordárnoslo.

Consultado ayer en una de sus conferencias matutinas con medios de prensa por la situación del Perú, el exalcalde de Ciudad de México compartió un diagnóstico a todas luces antojadizo. “Es la decisión que tomaron estas élites, yo no creo que sea lo mejor para los pueblos, lo lamento mucho por el pueblo del Perú”, expresó, sin condenar en ningún momento el que Castillo efectuó y que fue rechazado por el resto de nuestras instituciones y por buena parte de la comunidad internacional. Sí dijo, por el contrario, que la destitución de Castillo fue un “golpe blando” de esos que “se están aplicando en distintas partes […], más si se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo y no pertenece a las élites”.

En otro momento, el líder mexicano confirmó lo que dos días atrás el equipo especial de la Policía Nacional que venía apoyando en las investigaciones al círculo cercano del expresidente ya sospechaba: que Castillo en y que se encontraba en camino a la embajada del país norteamericano cuando fue detenido por su propia escolta. “Busqué a Marcelo Ebrard [el canciller mexicano] y le dije que hablara con el embajador y que se le abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo”, contó.

Ayer por la mañana, por otro lado, se conoció que en nuestro país había acudido a la sede de la Diroes (donde permanece recluido Castillo) a fin de reunirse con él. Y ya en la tarde, por un tuit del , pudimos conocer el pedido de asilo político elevado a AMLO por el abogado de Castillo denunciando una inexistente “persecución puramente política” contra su patrocinado.

Por supuesto, a estas alturas a nadie debe de sorprender que Castillo intente victimizarse: lo hizo durante toda su presidencia como una manera de evitar rendir cuentas por los cuestionamientos que pesaban en su contra. Lo que sí llama la atención es lo dispuestos que parecen ciertos jefes de Estado de la región para tragarse ese libreto. En el Perú, sépanlo de una vez, no existe persecución política. Lo que hoy viene ocurriendo es la respuesta regular que la Constitución le encomienda a las autoridades para todos aquellos que intenten quebrar el orden democrático buscando imponer una dictadura. Y eso es exactamente lo que Castillo decidió hacer el miércoles 7 de diciembre y por lo que debe responder ante la justicia.

Por lo demás, debe saber el señor López Obrador que el exmandatario tiene actualmente varias investigaciones en marcha por delitos de corrupción, por lo que al lanzarle un salvavidas para sustraerlo de la acción de la justicia peruana también estaría atentando directamente contra la lucha anticorrupción, esa con la que tanto le gustaba llenarse la boca cuando estaba en campaña y que parece no importarle cuando se trata de alguien con el que comparte cierta afinidad ideológica.

Desde este Diario saludamos a todos aquellos gobiernos que han expresado su rechazo contundente al zarpazo que dio Pedro Castillo contra la democracia peruana. A quienes, por el contrario, intentan relativizar el golpe de Estado de un frustrado dictadorzuelo y, peor aún, aparecen dispuestos a brindarle un salvoconducto para evitar que responda ante la justicia por sus acciones solo cabe decirles que han reiterado que su compromiso con la democracia es tan rígido como una gelatina.

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