Editorial: El camino fácil

El Gobierno Peruano –decíamos ayer en estas páginas– no tiene en su caja de herramientas disponibles una solución realista, contundente y responsable al incremento de precios de los alimentos y energía. Ningún gobierno del mundo la tiene. Los problemas logísticos globales, las masivas inyecciones de liquidez del 2020, la recuperación de la demanda con la reapertura de la economía y la invasión de Rusia a Ucrania, tomados en conjunto, han creado un potente cóctel inflacionario mundial que no se veía desde hace cuatro décadas.

Sobre lo que sí tiene control el Gobierno es respecto de la calidad de su respuesta ante un contexto externo difícil. Sin embargo, por lo que se ve hasta ahora, la administración del presidente Pedro Castillo está optando por tomar la salida fácil, con propuestas para la tribuna que suenan bien, pero solucionan poco.

La más sonada en estos días fue el incremento del salario mínimo. De acuerdo con un decreto supremo publicado ayer, la remuneración mínima vital (RMV) pasará de S/930 mensuales a S/1.025 a partir del 1 de mayo. Mientras sectores de la izquierda celebran el alza, la mayoría de economistas y especialistas en el tema apunta a la poca efectividad que tendrá para elevar las posibilidades de consumo de las familias. Dada la extendida informalidad y la estructura nacional de salarios, este aumento beneficiaría a apenas uno de cada 25 trabajadores. Por el contrario, la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes, que reúne a 92 asociaciones de la pequeña empresa y microempresa en el ámbito nacional, fue clara al expresar su “completo rechazo ante una medida que beneficiará a unos pocos y que afectará grandemente a las microempresas y pequeñas empresas del país”.

Otra salida rápida –y casi igual de controversial– la encontró el Gobierno en el frente fiscal. Luego de anunciar la eliminación temporal del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles de 84 y 90, propuso enviar al Congreso un proyecto de ley para la exoneración temporal del IGV a productos como pollo, huevo, fideo, harinas y cárnicos. Nuevamente, las propuestas son poco focalizadas y, en un contexto de informalidad, posiblemente beneficien más a familias que no están en situación de pobreza. Todo eso a un costo de varios millones de soles en recaudación fiscal perdida. Si el Gobierno quería proteger a los más vulnerables del alza de precios, otras medidas con mejor focalización –como mayor apoyo a los comedores populares o transferencias en efectivo a familias que verdaderamente lo necesiten usando el Sisfoh– podían ser más baratas y eficaces.

Por supuesto, el contexto en el que dan estas medidas no es solo el internacional. Apenas uno de cada cuatro peruanos, según la última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos, aprueba la gestión del presidente Castillo. Así, la coyuntura que gatilla las medidas populistas la forman el paro de transportistas y el alza de precios global, pero lo cierto es que el problema que parece querer atender el Gobierno viene de más atrás.

Hasta ahora, y pesar del descalabro institucional que vive el Estado a causa de esta administración, el Gobierno se había cuidado de no impulsar activamente demasiadas medidas que pongan en riesgo la estructura económica nacional. Si esto empezase a cambiar, lo que se viene serán tiempos mucho más difíciles y que poco tendrán que ver ya con la coyuntura internacional.