Editorial: El descerraje de Perú Libre

En medio del torbellino de denuncias de las últimas semanas en contra de los nuevos miembros del Ejecutivo y de la bancada oficialista, podría existir la tendencia a pasar por agua tibia –como una acusación más– la intervención de ayer de la Fiscalía de Lavados de Activos a las oficinas de Perú Libre e inmuebles de su líder, Vladimir Cerrón.

Eso sería un error. El operativo a cargo del fiscal Richard Rojas no solo es un paso clave para esclarecer los orígenes y la esencia del partido de Gobierno, sino también revela la solidez de las imputaciones que pesan sobre el círculo político cercano al propio presidente de la República. Como se sabe, con autorización del Poder Judicial, este sábado el Ministerio Público y la Policía Nacional allanaron siete inmuebles en Lima y Junín, incluyendo la vivienda de Cerrón. Este último y otros miembros del partido son investigados por lavado de activos como parte de una presunta organización criminal en agravio del Estado.

El operativo de la fiscalía tenía como objetivo la “incautación de bienes y descerraje, incluyendo el quebrantamiento de cerraduras, roperos, lockers, oficinas privadas […] de tres inmuebles del fundador de Perú Libre y de cuatro bienes del partido de gobierno”. De acuerdo con el Ministerio Público, la organización criminal enquistada dentro del partido político Perú Libre “habría recaudado grandes sumas de dinero vinculado a fuentes o aportes ilícitos provenientes de actividades relacionadas a delitos de cohecho, negociación incompatible y otros”, y ata el caso a la investigación en contra de Los Dinámicos del Centro, el supuesto grupo delincuencial enquistado en varias oficinas del Gobierno Regional (GORE) de Junín. La fiscalía implica también a Guido Bellido, ex secretario general regional de Cusco de Perú Libre y actual presidente del Consejo de Ministros (para más vergüenza de los legisladores que el último viernes apoyaron su investidura como líder del Gabinete Ministerial), y a Waldemar Cerrón, actual portavoz de la bancada de Perú Libre y hermano de Vladimir.

Si bien la investigación sigue en curso, los indicios de comportamiento criminal suenan más fuerte que aquellos que justificaron la prisión preventiva de diversos políticos a lo largo de los últimos años. Las declaraciones de aspirantes a colaboración eficaz, las extrañas y cuantiosas transacciones financieras de Vladimir Cerrón, el injustificado incremento patrimonial de Perú Libre, las escuchas telefónicas y los pantallazos de conversaciones de WhatsApp que aluden a delitos y tráficos de favores en el interior del GORE de Junín, entre otras señas, sugieren que una organización criminal habría logrado –finalmente– dar el salto desde la política regional a la escena nacional.

Esto último es precisamente el riesgo más grave. El GORE de Junín dispone de menos del 1% del presupuesto público nacional y emplea apenas a 1.000 personas. ¿Cómo se verían estos supuestos crímenes cometidos a escala regional, pero llevados ahora, más bien, a la escala del Gobierno Central? El nivel de daño económico e institucional para el país sería incalculable, y tomaría muchísimo tiempo reconstruir lo perdido.

Llegados a este punto, el presidente Pedro Castillo no puede mirar para el otro lado. La maquinaria política que lo llevó a Palacio de Gobierno –así como la bancada que lo respalda– enfrenta contundentes acusaciones de crimen organizado, ahora validadas por el Poder Judicial. Y en este entramado, vale recordar, también aparece la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. Proteger a las instituciones nacionales del eventual copamiento por parte de una presunta red criminal –así como habría sucedido en el GORE de Junín– debería ser la prioridad absoluta de quien ocupa la presidencia de la República. Lo contrario, simplemente, lo convertiría en otro cómplice.