Editorial: El farsante inamovible

Cuando ya todos creíamos que el rosario de destapes sobre actos indebidos de parte de Martín Vizcarra y sus posteriores mentiras para tratar de taparlos no podía exhibir una cuenta más, una nueva revelación nos pone ante la evidencia de que “el perfil del lagarto” está lejos de haber sido completado.

Los hechos bochornosos y eventualmente delictivos en los que incurrió el actual candidato al Congreso por Somos Perú durante sus gestiones como gobernador regional de Moquegua o presidente de la República eran, efectivamente, ya bastantes. Pero ahora, a la deplorable lista conformada por las declaraciones de los colaboradores eficaces sobre sus presuntos negociados con Obrainsa y otras empresas del ‘club de la construcción’, los indicios de su favorecimiento a los irregulares contratos de Richard Swing por parte del Ministerio de Cultura y su clandestina vacunación contra el COVID-19 con el lote paralelo de Sinopharm, esta semana se ha agregado un dato más: la noticia de que en el 2018, ya convertido en jefe del Estado, Vizcarra tuvo una reunión a escondidas con las fiscales provinciales Rocío Sánchez y Sandra Castro, a cargo de la investigación del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, convirtiéndose en protagonista de un meridiano atentado contra la autonomía del Ministerio Público.

El resultado de la cita fue, por supuesto, la politización de un proceso que involucra a quienes ya en ese momento eran opositores del entonces gobernante y la sospecha de un canje de favores en el que la información sobre el contenido de algunas llamadas interceptadas en las que se hablaba de las relaciones entre Vizcarra y el investigado Antonio Camayo pudo ser el medio de cambio.

Confrontado con los hechos, el expresidente ha optado por hacer lo que hace siempre: intentar cubrir con mentiras lo irrefutable, hacerse el ofendido y anunciar que no dará un paso al costado en lo que a su postulación al Congreso concierne, porque eso sería complacer a los poderosos intereses económicos que, según él, quieren sacarlo de carrera. Y en cuanto a la información comprometedora que pudieran haberle suministrado las representantes del Ministerio Público, él simplemente niega que tal cosa haya ocurrido y pretende que todos confiemos en su palabra…

La posibilidad de que eso ocurra, no obstante, es bastante remota. Sus afirmaciones a este respecto parecen encaminadas, más bien, a seguir la suerte que han tenido en la opinión pública sus negaciones de las reuniones con Keiko Fujimori, Antonio Camayo o Richard Swing, o su tesis de que se vacunó contra el coronavirus como parte de los voluntarios del experimento de Sinopharm. Es decir, la de ser percibidas como descarados engaños.

Increíblemente, sin embargo, ni Vizcarra ni el partido que lo postula lucen dispuestos a hacerse cargo de la enésima falsedad en la que aquel ha sido pillado y apartarlo de la lista congresal que integra. Estamos, pues, ante el caso de un farsante inamovible.

No se trata, por cierto, del único candidato o de la única organización política que se resisten a enfrentar las consecuencias de sus desaguisados de ribetes delictivos. En Fuerza Popular, por ejemplo, hace rato que deberían haber retirado al doctor Alejandro Aguinaga –que se benefició también furtivamente del lote paralelo de vacunas e incluyó a su esposa en el beneficio– de sus propias listas parlamentarias, pero no hay indicios de que vayan a hacerlo.

Por los puestos que ha ocupado y la contumacia de su esfuerzo por maquillar los turbios asuntos en los que se halla envuelto, empero, el caso del expresidente Vizcarra es el más grave. Y si desde el proyecto político del que forma parte nadie tiene la decencia de exonerar a los electores de la ofensa de encontrarlo el 11 de abril en la cédula de votación, pues ellos mismos deberían tomar la decisión de sancionarlo dándole ese día la espalda en las urnas.