Lo que suceda hoy en el hemiciclo marcará el futuro político del país por los siguientes meses. El viernes, como se sabe, el Congreso rechazó la apurada propuesta de Fuerza Popular para empujar las elecciones generales a octubre de este año. Con ese resultado adverso, en la práctica se anuló la anterior votación de reforma constitucional, de diciembre pasado, que con 93 votos a favor adelantaba los comicios para abril del 2024. Esta requería una ratificación en la siguiente legislatura –a iniciarse en dos semanas– que, si bien estaba lejos de garantizada, era perfectamente posible. Esta mañana, sin embargo, cuando se debata la reconsideración de la votación del viernes pasado, se partirá de cero.
El calendario que planteaba celebrar elecciones el siguiente año –propuesto inicialmente también por el Ejecutivo– iba por el camino correcto. Daba una salida institucional a una grave crisis política, mientras que a la vez permitía suficiente tiempo para la preparación de los partidos políticos y para ejecutar reformas que ayuden a mejorar en algo la calidad de la representación nacional. La presidenta Dina Boluarte, quien, vale recordar, ganó las elecciones pasadas en la plancha de Pedro Castillo y tomó el cargo por sucesión constitucional legítima, gobernaría durante ese período. Ahora, la apuesta por adelantar aún más las elecciones ha agregado un nivel de incertidumbre enorme y los escenarios de resolución fluctúan desde los malos hasta los desastrosos. Anoche, además, la jefa del Estado anunció en un mensaje a la nación que si el Congreso no aprobase el adelanto, su gobierno presentaría dos proyectos de reforma constitucional: uno para adelantar las elecciones para este año y otro para que el próximo Congreso le encargue a la Comisión de Constitución la “reforma total” de la Constitución.
Desde la derecha, Renovación Popular ya ha anticipado que no votará a favor de ningún adelanto –confirmando sin tapujos que pone sus intereses partidarios por encima de los del país–. Pero, de cualquier modo, sus votos no son suficientes para cambiar la marea. La capacidad de marcar la diferencia realmente está en el bloque de izquierda –Perú Libre y las bancadas en que este se subdividió–. Aquí el argumento de oposición es la demanda de un referéndum para la organización de una asamblea constituyente como parte de la reforma constitucional.
Esto, por supuesto, es un sinsentido. No solo porque la propuesta de fondo es un salto al vacío similar al que emprendieron países de la órbita del “socialismo del siglo XXI”, sino porque es una demanda que no tiene chances de ser aprobada dada la correlación de fuerzas en el pleno del Congreso. En realidad, se trata, pues, de una excusa para bloquear la salida más sensata a la crisis actual. Mientras tanto, el país lleva ya un mes y medio de una confrontación atizada precisamente por quienes impiden que una fecha de elecciones certera calme en algo los ánimos. Debe probarse, con contundencia, que quienes apuestan que continuar con el ciclo de caos y muertes de las últimas semanas tendrá a la larga réditos políticos están profundamente equivocados.
Mientras el Ejecutivo trata de enfrentar la escalada de violencia, las demandas maximalistas e insensatas de algunas bancadas deben salir de todo libreto práctico en estos días. Ninguna es pertinente en las actuales circunstancias. Los cálculos electorales y las ambiciones personales también deben dejarse de lado. El momento demanda que los parlamentarios respondan con desprendimiento, seriedad y presteza. Ese momento es hoy. Mañana podría ser ya demasiado tarde.