Editorial: El MTC capturado

Mantenerse firme en el cargo dentro de un gobierno que ha tenido cuatro primeros ministros y que en sus primeros seis meses hizo 21 cambios en el equipo ministerial es una tarea complicada. Pero no para el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva. Para él ha sido apenas un trámite.

A su favor se coluden, en orden de responsabilidad, un presidente como Pedro Castillo, especialista en colocar a los peores cuadros en los puestos más sensibles del Gobierno, y un Congreso al que le tiembla la mano a la hora de ejercer sus obligaciones fiscalizadoras, sobre todo cuando hay intereses subrepticios de por medio. Así, mientras el primero fue tan imprudente como para designarlo, el segundo no ha hecho esfuerzo alguno por echarlo. Y las consecuencias vienen siendo, por un lado, una gestión empeñada en traerse abajo la reforma del sistema de transporte que tanto estaba costando emprender y, por el otro, el uso de la cartera como una “agencia de empleos” para mantener satisfechas a personas afines a la actual administración, en perjuicio de cualquier atisbo de meritocracia.

Esto último ha alcanzado niveles tan escandalosos que la viceministra de Transportes, Fabiola Caballero, que fue nombrada en noviembre del 2021 con las firmas de Silva y Castillo, presentó su renuncia al cargo el viernes pasado, a través de una epístola que no dejó espacio para las dudas. En esta, la exfuncionaria denunció que la institución se ha “convertido en una aparente agencia de empleos para copar colocaciones que requieren de comprobadas experiencia y calificación” y que “los cambios permanentes de las dependencias del Viceministerio de Transportes”, sin que medie la consulta a su despacho, hacían difícil “implementar las políticas sectoriales ajustadas a las normas del Estado”.

Aunque no es novedad que este Gobierno privilegie los carnets partidarios y el amiguismo sobre los CV, lo que viene ocurriendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es especialmente frustrante. Al secuestro de la institución por personas incompetentes y, en muchos casos, con antecedentes de problemas con la justicia, se suma, como decíamos, el desmantelamiento de la reforma del transporte. Como ya hemos resaltado desde este espacio, la administración de Silva tiene en la mira a organismos vitales como la Sutrán y la ATU y, en ambos casos, ya se han dado intentos por sabotearlos. A fines del año pasado, entre gallos y medianoche, el primero experimentó el cambio súbito de 22 de sus gerentes y directores y en los cargos se designó a personas con más prontuario que conocimiento. Sobre el segundo: no es ningún secreto que Silva busca deshacerse de María Jara desde hace ya un tiempo.

A esto se suma la complicidad que parece haber entre el ministro en cuestión y los peores elementos en el ámbito del transporte público. Ello ha supuesto un MTC complaciente, que promete amnistías a los infractores, facilidades para la renovación de brevetes y que es permisible con los colectiveros.

En corto, estamos frente a un MTC capturado por quienes se niegan a que exista una verdadera reforma del sistema de transportes y, al mismo tiempo, por los que ven en el sector público un botín del que deben sacar provecho los aliados y amigos. La consecuencia, como es obvio, es nefasta, pero no tanto por las trapacerías que se cometen y se permiten con el dinero de todos los contribuyentes (esta cartera contó con un presupuesto de S/13 mil millones el año pasado), sino porque mientras todo esto ocurre ocho personas en promedio siguen muriendo al día en accidentes de tránsito.

Y esto deben entender el Ejecutivo y el Congreso, que están hermanados en la protección del ministro Silva: hay vidas en riesgo y ello seguirá si no se vuelve a poner al ciudadano al centro de la discusión. El ministro Silva, repetimos, no puede seguir en el cargo.