Ayer, en uno de sus (cada vez menos) habituales mensajes a la ciudadanía en el contexto de la pandemia del COVID-19, el presidente Martín Vizcarra definió la extensión del estado de emergencia hasta el 30 de junio, así como un conjunto de medidas para flexibilizar, pero no levantar, la cuarentena que rige en el país desde el 16 de marzo.
Desde el inicio, sin embargo, se trató de un mensaje confuso. Aunque el jefe del Estado se preocupó por hacer evidente que la declaratoria de emergencia continuaría, recién hizo explícito que esto incluiría la ampliación de la cuarentena hacia el final de su discurso y ello, según parece, solo llegó después de que se le hiciese saber que ese punto no había quedado claro.
Asimismo, al desconcierto por los ambages retóricos del presidente, se sumaron las dudas por el razonamiento detrás de las medidas decretadas. En lo concerniente a la reactivación económica, por ejemplo, el titular del Poder Ejecutivo dio a conocer que el comercio electrónico, el delivery de alimentos por aplicativos, la asistencia técnica y las peluquerías podrían volver a operar, entre otros servicios y actividades. Y si bien es evidente que la economía, que está operando actualmente al 44% según el Ministerio de Economía y Finanzas, debe reabrirse para generarle ingresos tanto a quienes trabajan como al fisco, surgen algunas dudas ante esta decisión.
Por ejemplo, la naturaleza de las actividades realizadas por los peluqueros o por quienes ofrecen asistencia técnica a domicilio se distingue más arriesgada, en este contexto de crisis sanitaria, que las que pueda llevar a cabo, por ejemplo, un empresario en una oficina. Además, ¿se dejará que los estilistas, técnicos y comerciantes digitales se movilicen en sus propios vehículos para llegar a sus clientes? ¿Se les reconocerá como servidores esenciales o se plantearán otro tipo de condiciones excepcionales? ¿Requerirán un nuevo tipo de pase para circular? En esa misma línea, si ya se permitirán estas interacciones entre personas, ¿cuál es la lógica para prohibir otras?
En general, y en vista de cómo cada vez más personas salen a las calles pasando por alto las restricciones, faltó que se explicase mejor qué sustento técnico hay detrás de la ampliación del confinamiento y por qué no se puede optar por otro tipo de medidas menos draconianas. Por ejemplo, durante la semana el ministro de Defensa se refirió a la probabilidad de llevar a cabo cuarentenas focalizadas, una alternativa que no debería ser descartada, ya que podría contribuir a que el Gobierno dirija sus esfuerzos con mayor eficiencia y que permitiría establecer objetivos más específicos para la liberación de ciertos territorios.
Tampoco queda claro qué hará el Ejecutivo para lidiar con el desacato de las disposiciones de aislamiento y distanciamiento social. No es un secreto que hay personas en las ciudades incumpliendo lo establecido por la declaratoria de emergencia, incluso cuando desde hace varias semanas ello se castiga con multas. De nada sirve, pues, extender el estado de excepción si no hay un plan para lograr que se respete. El empleo de la coerción física, ensayada por las Fuerzas Armadas y la policía, no está funcionando e incluso ha arriesgado (y hasta terminado con) la vida de muchos efectivos.
En suma, está haciéndose evidente que el Gobierno no tiene bien delimitados los objetivos que quiere alcanzar. Se entiende que hay que responder al aumento en el ritmo de contagios pero se hace difícil descifrar cómo otra prolongación, muy similar a las anteriores, va a traer nuevos resultados.
Así las cosas, sabemos que el fin de la crisis aún está lejos y hasta entonces será vital que el Gobierno pueda adaptarse a los retos que la epidemia le pueda plantear. Ese esfuerzo, empero, requiere una ruta clara para un país que hoy más que nunca reclama liderazgo.