Editorial: Érase una vez una casa en Surco...

Érase una vez, en un país azotado por la delincuencia, una casa en Surco bendecida por un fuerte resguardo policial. En agosto del 2013, dos vehículos de la SUAT, un vehículo de emergencias y uno del serenazgo resguardaban la calle Batallón Libres de Trujillo 209, zona por lo demás apacible y muy cercana al nido del hijo menor del presidente de la República. Los días pasaban y los vehículos que daban tranquilidad a los habitantes del predio aumentaban a ocho. Cuando un grupo de preocupados periodistas se acercó a preguntar qué se protegía con tanto celo, los policías custodios manifestaron estar resguardando la casa de José Cueto Aservi, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Resultó, sin embargo, que este cuento era distinto: no se trataba de la casa del comandante, sino más bien del hogar de Óscar López Meneses, ex operador montesinista. 

Los dimes y diretes que surgieron cuando esto se hizo público no respondieron las interrogantes que se despertaron. ¿Quién ordenó la protección de la casa de López Meneses? ¿Qué se resguardaba? ¿Hasta qué nivel del Gobierno llegaba este escándalo en el que se involucraba a la plana mayor de las Fuerzas Armadas y de la policía y que llevó incluso a la renuncia del ministro del Interior y del principal asesor del presidente?

Sumémosle a esto una nueva pregunta, formulada ayer por quien destapó originalmente el caso, nuestra columnista Cecilia Valenzuela: ¿cómo así la División de Seguridad Presidencial, alertada por la entrada y salida de personal vestido con chalecos negros, requirió información sobre el posible funcionamiento de una empresa de seguridad en la calle Batallón Libres de Trujillo 281 porque “se encuentra colindante al colegio donde estudia el hijo [...] del presidente” y no se preocupó por toda la seguridad en el 209 de esa misma calle? Una pregunta incómoda que hace aun más fuerte una duda anterior: ¿cómo así a la seguridad del presidente, que pasaba por esa calle con habitualidad, nunca le llamó la atención que alguien estuviese recibiendo más seguridad que los propios ministros?

A pesar de que ya van más de nueve meses desde que estalló el caso, estamos lejos de saber qué sucedió. La procuraduría –que ha dicho no tener una respuesta definitiva– maneja como una de sus principales hipótesis el que se haya tratado de un centro de espionaje. 

Curiosamente, el único que ha declarado saber con certeza la verdad de este caso ha sido el presidente Humala, quien ha asegurado que el gobierno lo resolvió rápidamente: “Era un tema de corrupción policial”. Lamentablemente, hasta ahora no ha detallado al público los resultados de las pesquisas.

De hecho, incluso ha sido renuente a darle estas explicaciones al Congreso. Según el presidente de la comisión que investiga el caso, Juan Díaz Dios, hace más de un mes esperan respuesta al pedido que le hicieran al presidente para que acuda a dar información sobre los hallazgos. La primera ministra, por su parte, ya adelantó qué tanta cooperación se puede esperar del Gobierno. Cuando se le preguntó si el señor Humala debía acudir a dicha comisión, ella declaró: “El presidente es inimputable, no puede ser investigado”. La señora Jara parecía olvidar que a Humala no se le cita como investigado, sino como testigo.

Dentro de todo, esta actitud del Gobierno no es sorpresa, pues ya antes el nacionalismo parecería haber obstaculizado las labores de la comisión. Baste mencionar su intento inicial de que el asunto se ventilase, no en una comisión independiente, sino en alguna de dos comisiones ya existentes y coincidentemente presididas por Gana Perú. O su sugerencia de que el año de inicio de las investigaciones sea 1990, como para que nunca se lleguen a esclarecer estos recientes hechos. O la escandalosa reunión secreta hasta para los miembros de la comisión entre su presidente original, Víctor Andrés García Belaunde, y el señor Humala. O la falta de recursos por negativa del oficialismo que denunciara la comisión, que aseguraba que no se le habían dado ni siquiera sillas o computadoras.

El presidente debería ser el principal interesado en que este tema se esclarezca y que no existan dudas de que Palacio de Gobierno no estaba involucrado.