Editorial: ¿Tiempo de ética?

Hoy la Comisión de Ética decidirá si recomienda suspender 120 días a Julio Gagó. Al fujimorista se lo acusa de valerse de una empresa de fachada, Copy Depot (CP), para violar la prohibición legal de continuar contratando con el Estado siendo congresista. Si bien de acuerdo a Gagó existirían pruebas de que comprometedores audios –en los que da órdenes sobre CD y sobre el, llamémosle, “nuevo esquema de negocios” de sus empresas– habrían sido editados y sacados de contexto, el proyecto de informe final de la comisión desbarata esta tesis. Ahora bien, aun sin los audios, es muchísima la evidencia en su contra.

Recordemos. Entre el 2005 y el 2011 Jaamsa –compañía de la familia Gagó– contrató con el Estado por cerca de S/.27 millones. En el 2011, sin embargo, Julio Gagó fue elegido al Congreso. Es allí donde entra CD, empresa que, según parece, compra lo que Jaamsa importa y se lo vende –con gran éxito– al Estado. ¿Coincidencias de la vida? Si lo son, son grandes. Según el proyecto de informe, mientras que las ventas de Jaamsa al Estado disminuían, las de CD se incrementaban hasta llegar a vender al Estado por montos equivalentes a lo que Jaamsa vendía antes del 2011. Sumémosle a esto que ambas tienen oficinas una al lado de la otra, que varios trabajadores de CD laboraron antes en Jaamsa y que existen comprometedores correos electrónicos, además de testimonios de ex trabajadores.

La Comisión de Ética tiene una importante tarea por delante. Y esto lo decimos no solo porque será muy difícil olvidar el descarado blindaje a Cenaida Uribe y la consiguiente renuncia de su presidente. Lo decimos también porque, afortunadamente, los peruanos hemos demostrado con los últimos sucesos desde “la repartija” que estamos observando el actuar del Congreso con vigilante cercanía.

La pelota está ahora en la cancha de la comisión, entonces. Esperemos que al tomar sus decisiones lo haga teniendo también en mente que, en un país donde el Congreso tiene una aprobación del 9%, cada error suyo es un golpe duro para una ya alicaída institución.

Editorial: Los dependientes

No se debe forzar a los trabajadores a tener un ahorro previsional.

Acción Popular-Frente Amplio ha presentado un proyecto de ley que plantea postergar, por segunda vez, la obligación de los trabajadores independientes de aportar al sistema previsional. Así, esta ya no se hará efectiva en agosto de este año, sino recién dentro de dos años (fecha en la que además el aporte comenzaría a efectuarse de manera escalonada).

El argumento detrás de aquellos que, indignados, aseguran que no hay derecho a forzar a los independientes a aportar dinero suele ser que no es justo obligarlos a ahorrar parte de su sueldo, pues ellos lo necesitan para pagar sus gastos y requieren también, como es lógico, poder guardar algo (que sí esté a su disposición) para momentos difíciles. Esta indignación, sin embargo, parece desaparecer en el caso de otro tipo de trabajadores que también viven en muchos casos mes a mes. Trabajadores que no pueden tener una cuenta de ahorros y a los que los aportes obligatorios llegan a imposibilitar hacer pagos tan esenciales como la universidad de sus hijos o la cuota de su hipoteca. Nos referimos, por supuesto, a los trabajadores dependientes. Y es que no podemos dudar que los hay de todo tipo, algunos con ingresos muy altos y otros tantos con ingresos muy bajos.

¿Con qué argumento, entonces, se quiere dar un trato diferente a personas que, evidentemente, se encuentran en la misma situación? ¿Acaso un ultraperceptivo gobierno ha visto en los trabajadores dependientes algo que los haga estar mejor si se encuentran bajo el cuidado del protector Estado? ¿Algún tipo de dependencia del tipo psicológico, tal vez? Lo único coherente aquí sería tratar a ambos grupos por igual, liberando no solo a los independientes de las confiscaciones para ahorros forzados, sino también a los que están en planilla. Y si el Estado no va a hacerlo, debería al menos considerar un esquema más atractivo para ambos grupos. Esto no solo aliviaría a los trabajadores, sino que, en el camino, haría algo por incentivar la formalidad laboral en nuestro país.