Editorial: Ni exculpado ni canonizado

Esta semana, tras 25 meses de prisión preventiva, el ex presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, dejó el penal de Piedras Gordas, gracias a un fallo de la Corte Suprema, que aceptó una apelación planteada por su defensa para impedir que su detención sin sentencia se extendiese hasta febrero del próximo año.

La disposición judicial, por cierto, ha sido correcta, porque nadie puede ser privado de su libertad en esas condiciones por tanto tiempo, pero produce simultáneamente un probable espejismo entre quienes no conocen en detalle los cargos que se le imputan al reo en cuestión ni las normas que rigen los procesos que se le siguen.

Ver a una persona abandonar la cárcel, en efecto, suscita por lo general la impresión de que o bien esta ha cumplido ya su sentencia o bien fue originalmente encerrada de manera injusta y ahora ha quedado claro que los delitos que se le atribuían eran falsos. Máxime si esa persona tiene relevancia pública y argumenta que todo ha sido producto de una ‘venganza política’ o una persecución a la que se la ha sometido desde el poder por ‘pensar diferente’. Y ese ha sido precisamente el discurso de Gregorio Santos desde que volvió a la calle, tanto frente a la prensa como en el mitin que encabezó días atrás en la plaza San Martín.

La verdad, no obstante, es que el fin de una prisión preventiva es solo lo que su nombre indica y no exculpa a nadie. Quiere decir que el plazo por el que la ley juzga razonable que se detenga a un individuo (ya sea por el riesgo de que escape o pueda obstruir la acción de la justicia de alguna otra manera), aun cuando no exista todavía un pronunciamiento sobre inocencia o culpabilidad, se ha agotado. Eso es todo.

Los procesos en los que esa persona está involucrada continúan. Y en el caso de Gregorio Santos, estos son tan serios y comprenden indicios tan inquietantes, que vale la pena recordarlos.  

Según la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios (la cual basa su trabajo sobre un informe de la Contraloría General de la República), existe evidencia de que el ex presidente regional de Cajamarca y otras 37 personas habrían cometido actos de corrupción en 11 procesos de contratación de obras y servicios valorizados en S/129’829.477. Once proyectos que fueron otorgados a consorcios postores que o presentaban documentaciones falsas o no cumplían los requisitos mínimos exigidos por las bases, pero que tenían algo en común: incluían en su seno a una empresa relacionada con Wilson Vallejos. 

Como se sabe, este último es el empresario que se hizo famoso por la divulgación de audios en los que sostenía que él “prácticamente manejaba” Pro Región y que lavaba –y sacaba por Tumbes rumbo a cuentas panameñas– el dinero de Santos. Hablamos del mismo Vallejos al que el ex presidente regional negaba conocer pese a que en los audios todos oíamos decir al propio Vallejos que eran amigos, y pese a que, poco después de que se conocieran estas grabaciones, apareció también una serie de fotos en las que se mostraba a Vallejos pasando un día de playa en Máncora, acompañado por la hija de Santos y por varios funcionarios de Pro Región.  

De acuerdo con la contraloría, además, existirían documentos que prueban que Santos, específicamente, habría recibido sobornos por la suma de S/802.100 de empresarios beneficiados con las obras que su gestión licitó.

En suma, a esta presunta ‘organización criminal’ (nos limitamos a recoger la expresión que usa la fiscalía) se le imputan los delitos de colusión agravada y simple, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y genérico, y falsa declaración en procedimiento administrativo. Y el más grave de los cuatro delitos de los que se acusa a Santos podría merecer una pena de hasta 15 años de cárcel. 

Nada de esto está resuelto judicialmente y, a pesar del fin de la prisión preventiva, la evidencia sigue siendo tan comprometedora como al principio. La consecuencia de lo recientemente ocurrido es que Santos enfrentará el resto de su proceso en libertad. Pero eso, como vemos, está lejos de constituir la canonización que algunos pretenden.