Editorial: Franquicia en problemas

La semana pasada, al responder sobre las identidades que correspondían a los ‘codinomes’ con los que Odebrecht encriptó los nombres de los políticos y funcionarios a los que les pagó coimas o les financió campañas políticas, el exrepresentante de la constructora brasileña en nuestro país, Jorge Barata, aseveró que el exgobernador regional de Lambayeque Yehude Simon fue uno de los que recibió dinero bajo la segunda de las modalidades señaladas.

La declaración supuso un remezón para la imagen del dirigente máximo de Juntos por el Perú (antes Partido Humanista), pues lo colocó en la misma categoría de otros líderes partidarios cuyas campañas la señalada empresa también afirma haber solventado, como Keiko Fujimori de Fuerza Popular o el expresidente Ollanta Humala del Partido Nacionalista. Como se sabe, la fiscalía le atribuye a esa práctica visos delictivos.

Al igual que Fujimori y Humala, Simon ha negado haber recibido apoyo económico alguno de parte de Odebrecht. Y al igual que ellos, también, tiene derecho a ser considerado inocente hasta que alguien pueda probar lo contrario. Es decir, primero, que las presuntas contribuciones en efecto se produjeron; y segundo, que los aportes de campaña realizados de esa forma configurarían un delito.

El paralelo entre su suerte y la de los otros dos personajes mencionados, sin embargo, no se detiene en lo legal; se extiende al terreno político. Y si los problemas derivados de la eventual financiación de una campaña alcanzan a las organizaciones por las que Fujimori y Humala postularon, ¿por qué no habría de hacerlo en el caso del Partido Humanista (o su sucedáneo: Juntos por el Perú)? Las sombras de duda que se ciernen sobre la institución fujimorista o la humalista tendrían que envolver también a la simonista.

Por eso el esfuerzo del exgobernador regional de Lambayeque por librarla de cuestionamientos –y dejarla expedita para acoger otras candidaturas en el futuro cercano– al solicitarle al Comité Ejecutivo Nacional la suspensión de sus funciones y militancia es poco menos que un gesto simbólico. La duda sobre el conocimiento o la aquiescencia de las autoridades partidarias sobre el presunto aporte de campaña ya está allí y solo una investigación adecuada podrá despejarla.

Lo que para muchos es solo una duda, no obstante, para otros parece ser una certidumbre. La líder de Nuevo Perú y excandidata presidencial Verónika Mendoza manifestó, por ejemplo, en mayo de este año lo siguiente: “Hoy no tenemos partidos, sino franquicias electorales financiadas por el aporte de grandes empresas como Odebrecht”. Y se hace difícil imaginar una descripción más extrema del entredicho en el que se encuentra ahora Juntos por el Perú.

La señora Mendoza, además, ha sido igualmente terminante acerca de lo descalificador que le resulta el potencial financiamiento de la corrupta constructora brasileña a los políticos locales en otras oportunidades. “Todos están cortados por la misma tijera, que se llama Odebrecht”, sentenció en noviembre del 2017. Y la divulgación, ese mismo mes, de que el mismísimo Marcelo Odebrecht aseguraba haber hecho aportes a la campaña de Keiko Fujimori la movió a tuitear un mensaje en el que decía que eso explicaba la desesperación de esta “por tumbarse” a la fiscalía.

En esa medida, llama poderosamente la atención que ahora, cuando se le pregunta si, habida cuenta de que Nuevo Perú no tiene inscripción, estaría dispuesta a aliarse con Simon, Mendoza acuda a evasivas del tipo “tendríamos que conocer en todo caso, primero, su respuesta a nivel personal y luego institucional” o “no vamos a blindar a nadie”… pero no conteste lo que se le inquiere.

De cualquier forma, de acuerdo con su propia definición del trance ante el que nos encontramos, Juntos por el Perú es una franquicia electoral en problemas. Y la suspensión de la militancia de Yehude Simon no la exonera políticamente de nada. O solo tanto como una suspensión semejante de las militancias de Fujimori o Humala exonerarían a Fuerza Popular o al Partido Nacionalista de ese mismo tipo de consecuencias.