Editorial: A fuego lento

Cuando hacia el tercer trimestre del año pasado se hizo obvio que la inversión pública del 2014 iba a ser menor que la del período anterior –y que por tanto iba a jalar hacia abajo el PBI anual–, algunas alarmas se prendieron en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por supuesto, como en tantas otras ocasiones, cuando las alarmas suenan significa que el problema es ya inevitable: para entonces el destino de las inversiones públicas del año estaba echado. Según el Banco Central de Reserva (BCR), estas cayeron en 3,6% en el 2014, después de crecer en más del 12% en el 2013.

En medio de la contracción de la inversión privada –que también cedió en 1,5% en el período pasado– se hacía patente que el MEF no podía seguir permitiendo que el gasto en obras públicas contribuyese aún más a desacelerar la economía. Después de todo, el Estado dispone de recursos que debe ejecutar justamente en casos de ralentización como estos. La respuesta, entonces, vino en la forma de diversas medidas orientadas a incrementar la inversión en obras públicas incluidas en los llamados paquetes de reactivación.

En concreto, el MEF propuso que se pueda ejecutar en el 2015 parte del saldo no usado durante el 2014; más de S/.3.000 millones en recursos adicionales para mantenimiento de obras; otros S/.3.000 millones –financiados con bonos soberanos– para nuevos proyectos de inversión pública; y una modificatoria para que las autoridades regionales y locales pudiesen gastar una mayor proporción de recursos provenientes del canon en mantenimiento, entre otras facilidades de inversión.

El resultado: la inversión del gobierno al final del primer trimestre ha sido de tan solo 11% de lo presupuestado para el presente año cuando, si el gasto se distribuyese en partes iguales a lo largo del año, hoy se debería haber invertido 25%. Lo que es peor, según el MEF, de la partida de S/.33.115 millones solo se han ejecutado S/.3.686 millones, o casi mil millones de soles menos de lo que invirtió en el primer trimestre el año pasado.

Parte de la explicación radica en el hecho de que la mayoría de alcaldes y gobernadores regionales son nuevos en el cargo, pero eso no aplica al Gobierno Central –que lleva ya casi cuatro años en la administración y que ejecutó solo el 11,2% de su partida– ni excusa la falta de impacto real que ha tenido el gobierno con sus iniciativas para acelerar la inversión pública. El gobierno, que en algunos campos intenta redirigir la actividad privada para supuestamente contribuir al crecimiento, más bien podría abocarse a darle más fuerza al instrumento que tiene directamente a la mano: la inversión pública.

Pero no se trata, claro, de construir puentes a ningún lado. El problema esencial de la inversión pública es que estimar la rentabilidad social de un proyecto puede ser sumamente complicado, cuando no imposible. A diferencia de la inversión privada, que necesita que el proyecto sea funcional para ser rentable, la inversión pública requiere básicamente de voluntad política, bien o mal motivada. 

Gastar, además, con el único fin de reactivar el crecimiento tiene poco sentido. Si así fuese, el gobierno podría emplear a varios miles de ciudadanos para que caven zanjas con cucharas y llamarlo inversión pública. Detrás de la justificación de las obras públicas hay problemas reales que deben ser solucionados. Carreteras en pésimo estado, hospitales disfuncionales, ciudades sin acceso a agua ni desagüe, entre tantos otros. Cuando el gobierno invierte poco y mal no solo contribuye a la desaceleración económica, sino que impide que buena parte de la ciudadanía acceda a una mejor calidad de vida.

Más allá de levantar las barreras burocráticas que traban la inversión pública, algunas de las alternativas que tiene el Estado para acelerar la ejecución de obras involucran más al sector privado. En el corto plazo, el mecanismo de obras por impuestos, al que apelará, por ejemplo, el nuevo gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, para diversos proyectos, es una opción interesante. En el mediano y largo plazo, el empaquetamiento de obras de pequeñas y medianas en asociaciones público-privadas (APP) integrales, de mayor envergadura, atraerá a los mejores concesionarios, optimizará el diseño de los proyectos y, sobre todo, permitirá una inversión más rápida y eficiente. 

El gobierno debe tomar la iniciativa y debe hacerlo ya. Al fin y al cabo, una cosa es no reaccionar cuando prenden las alarmas, y otra muy distinta no hacerlo cuando el fuego empieza a colarse por la ventana.