Uno de los puntos del discurso presidencial del 28 de julio que pasó algo desapercibido, pero que sin duda resulta una buena noticia, es que el gobierno tiene la intención de abrir las empresas estatales del sector eléctrico al capital privado. Concretamente, se espera vender en bolsa el 20% de sus acciones en una etapa inicial para luego llegar al 49%. Si bien esa no es la situación ideal –no hay razones para que no sean totalmente privatizadas–, el ingreso parcial de inversión privada a estas empresas es una mejora frente al estado actual de las cosas.
La evidencia de los beneficios de la participación privada en la provisión de servicios públicos es incontrovertible. La privatización del servicio de telefonía llevó a que en 12 años la cobertura aumentase en 168%. En este mismo período, la privatización de parte de las empresas de electricidad permitió que su cobertura se incrementase en 56%. Durante este lapso, en cambio, la estatal Sedapal solo pudo aumentar su cobertura en 20% e incrementó sus tarifas en un 47%, a diferencia de los sectores anteriormente mencionados donde las mismas bajaron.
Además, antes de que se privatizasen algunas empresas de distribución eléctrica las mismas perdían más del 20% de todo lo distribuido mientras que para el 2012 esta cifra ya se encontraba dentro del estándar internacional del 7%.
La explicación de este fenómeno es sencilla: las empresas privadas tienen incentivos para brindar mejores servicios a más personas porque así incrementan sus ingresos. Las empresas estatales, en cambio, no recompensan a quienes las manejan con una mayor utilidad y sus decisiones dependen de consideraciones políticas que a menudo se encuentran reñidas con la eficiencia empresarial.
Por esto, el ingreso de capitales privados a las empresas eléctricas estatales es muy positivo. Significa que existirá la posibilidad de que parte del accionariado tenga un interés real en que la empresa sea manejada de manera eficiente, lo que beneficiará a sus clientes. Adicionalmente, cotizar en bolsa las obligará a adoptar prácticas de transparencia y de gobierno corporativo que posibiliten una mayor fiscalización.
Tomar medidas que permitan aumentar el acceso al servicio eléctrico, por otro lado, es parte central de cualquier estrategia de desarrollo. Allí donde hay electricidad no solo mejora la salud y la educación, sino que también hay más seguridad y mayor productividad de los negocios. Contar con electricidad, además, les permite ahorrar a los hogares de distintas formas. Un estudio del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico del 2013 calculó, a base de una encuesta a 900 hogares en zonas rurales, algunos con conexión eléctrica y otros sin ella, que remplazar las fuentes de energía tradicionales (como leña y carbón) implicaba un beneficio mensual promedio de entre S/.43 y S/.55, dependiendo de la región. Por su parte, tener electricidad para la radio y la televisión permitía que los hogares ahorrasen en promedio entre S/.5 y S/.10 mensuales, por ya no requerir fuentes más costosas como pilas y baterías de auto. Lamentablemente, en la actualidad, según el propio ministro de Economía, más de cuatro millones de peruanos están excluidos del servicio eléctrico.
Por supuesto, no necesariamente debemos esperar resultados tan favorables con la medida anunciada como los que se consiguieron en el pasado, pues en este caso no se trata de una privatización total sino de una de carácter parcial. Esto implica que aún existan incentivos políticos estorbando una gestión eficiente de la empresa, especialmente porque el Estado tiene la mayoría de las acciones. Por otro lado, como bien dice nuestro columnista Iván Alonso en su artículo de hoy, va a ser difícil encontrar inversionistas privados que se arriesguen a invertir en empresas estatales de dudoso manejo si no tienen posibilidad de control. Y, con aquellos que entren, nos corremos el riesgo de que estén apostando a ingresar a un negocio cuyo atractivo sea que el socio mayoritario –el Estado– siempre esté ahí con el dinero de los contribuyentes para financiar cualquier pérdida en la que incurra la empresa. No obstante, vender parte de las acciones es un paso adelante. Y es mejor tener un vaso medio lleno a uno completamente vacío.