La situación de Petro-Perú ha llegado a un punto crítico. Dos días atrás su directorio divulgó un pronunciamiento en el que emplaza al Gobierno a tomar una decisión acerca de aquellas medidas de reestructuración que le planteó el 13 de mayo en un comunicado similar. Tres meses y medio han transcurrido desde entonces y, salvo por una gaseosa referencia al tema en el mensaje de 28 de julio, no se ha conocido reacción oficial alguna al respecto.
Consecuentemente, la paciencia del directorio parece estarse agotando y en este último pronunciamiento sus miembros han demandado que la respuesta del Gobierno se dé “pronto”. Aunque no han precisado los límites de la perentoriedad de esa invocación ni qué ocurriría si no fuese atendida, en una entrevista concedida ese mismo día, Oliver Stark, presidente del directorio de la estatal, se encargó de despejar las dos interrogantes. Si el Ejecutivo no responde antes de fin de mes, ha dicho, “vamos a creer que no estamos siendo apoyados en lo que queremos hacer y vamos a tener que dar un paso al costado”. Es decir, que si hasta este sábado 31 de agosto las autoridades concernidas en este asunto no rompen su mutismo y terminan de dar luz verde a las medidas solicitadas, el directorio renunciará.
En esencia, lo que el directorio demanda al Gobierno es un paquete de ayudas económicas que venga junto con el consentimiento para ir a una gestión privada de Petro-Perú, que sería, a su entender, “la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad” de la compañía. Esto, habida cuenta de que “en las actuales circunstancias […], con gobernanza y gestión empresarial expuesta a los usuales apetitos políticos, sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar un mayor financiamiento del Estado, ya que nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal”.
Como se sabe, al 13 de mayo, el aporte del erario nacional que Petro-Perú calculaba que requería para seguir operando era de US$2.200 millones. Y desde entonces esa cifra se ha incrementado a raíz del pasmo del Gobierno que, según todo sugiere, temeroso de adoptar una decisión potencialmente impopular, ha dejado pasar el tiempo y nos ha impuesto a todos los contribuyentes un imperdonable costo adicional por ello. Gracias a la determinación del directorio de la empresa estatal, no obstante, ese plazo ya no da para más y todos los ojos están puestos en quienes deben tomar la decisión que el país espera.
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