Editorial: Los hatun runas y la contraloría

Según el cronista conocido como el ‘Jesuita Anónimo’ y Garcilaso de la Vega, el inca solía enviar emisarios secretos por todo el Tahuantinsuyo para verificar la honestidad de la labor de los funcionarios del imperio. Al mismo tiempo, los hatun runas –u hombres del pueblo– debían vivir sin cerrar las puertas para permitir, en cualquier momento, las visitas intempestivas y habituales de funcionarios públicos encargados de evitar el ocio en los aillus.

De un tiempo a esta parte, la institucionalidad en la supervisión del Estado sobre el destino de los recursos públicos y sobre la probidad de sus funcionarios ha avanzado de manera significativa. Así, la separación de poderes y los organismos de control independientes buscan brindar un balance entre, por un lado, las necesarias acciones de fiscalización en un sistema complejo y, por otro, la intromisión y manipulación interesada de quien sabe que tiene gran capacidad para vigilar, acusar y sancionar.

Sacudiéndose de este crucial pero delicado balance, la Contraloría General de la República (CGR) ha pedido facultades para intervenir entidades públicas y acceder al secreto bancario y de las comunicaciones sin autorización judicial a través de una reforma constitucional. En declaraciones a El Comercio, el contralor de la República, Fuad Khoury, señaló que la intervención a entidades públicas, como a la tesorería de un gobierno local que presente indicios de pagos irregulares, era una facultad que la ley le otorgaba a la institución hasta 1992, y que ‘quiere que se la devuelvan’.

La propuesta de la CGR –que quizá responde a una justificada insatisfacción con el funcionamiento de los sistemas de balance y control a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial– tiene el potencial de traer más problemas de los que promete resolver. En primer lugar, resulta peligroso transferir facultades sensibles que hoy solo tienen el Poder Judicial y las comisiones investigadoras del Congreso a una institución que, aunque independiente hoy, tiene siempre el riesgo de caer bajo la influencia política del poder de turno. 

En el ámbito general, en un contexto de debilidad institucional como el peruano, expandir las facultades de intervención y de violación de la privacidad a un mayor número de entidades públicas, de modo que estas puedan esquivar el control adicional que otorgan los tribunales, pone en riesgo el equilibrio del sistema. Esta ha sido, precisamente, la situación en otros países de la región, en los que la influencia del Poder Ejecutivo sobre el órgano de control se usa para limpiar a los amigos y amedrentar a los enemigos.

Es, además, en este sentido que la temporalidad de la medida propuesta por el señor Khoury se hace dudosa. En un país en el que los plazos fijos se convierten con pasmosa facilidad en indefinidos –es decir, para todo efecto práctico, en permanentes–, resultaría ingenuo, cuanto menos, pensar que una vez transferidos los poderes no existirán presiones para expandir el plazo de vencimiento de los mismos ‘en aras de la efectividad de la lucha contra la corrupción’.

Adicionalmente, transferir estas capacidades a la CGR es equivalente a claudicar ante el problema de fondo: la inoperancia y lentitud del Ministerio Público y del Poder Judicial. Si, como dice la misma CGR, existen instituciones que en general no hacen un buen trabajo, la solución no es transferir estas responsabilidades a otra institución pública, sino encontrar la manera para que cada entidad ejerza sus competencias constitucionales de manera correcta y eficiente. 

Así, poner el parche que pretende la CGR para que una institución cubra los vacíos que otras dejan no solo debilita el balance de poderes sino que aminora los incentivos políticos para que las entidades en falta corrijan sus deficiencias. 

A fin de cuentas, la estructura del proceso de vigilancia y control está pensada para que la intervención de entidades públicas y la invasión a la privacidad del secreto bancario y de las comunicaciones deban pasar filtros que las conviertan en una excepción dentro del sistema, no en el camino fácil. Pasaron ya cinco siglos desde que los hatun runas debían dejar siempre abiertas sus puertas a los inspectores del imperio; los nuevos tiempos demandan que la legislación refleje todos los avances en la separación de poderes y derechos individuales ganados desde entonces.