Si el mensaje a la nación del año pasado es una señal válida de lo que se puede esperar hoy cuando la presidenta Dina Boluarte entre al hemiciclo del Congreso, las expectativas no deberían ser demasiado altas. Si, como se teme, el discurso es nuevamente una retahíla interminable de cifras e ideas poco estructuradas para su audiencia (el anterior duró más de tres horas), la mandataria habrá dilapidado una gran oportunidad para intentar reconectar con sectores de la población. En realidad, los ejes sobre los que debería girar el mensaje no son ninguna novedad, y sería conveniente que a los siguientes cuatro se le preste especial atención.
Lo primero es la recuperación de la confianza ciudadana y empresarial para dinamizar la economía. El gobierno sabe que los buenos resultados del crecimiento del PBI en abril y mayo (por encima de 5% en ambos meses) fueron coyunturales, y que habrá que bregar con fuerza para compensar lo perdido el año pasado, especialmente en términos de empleo. La confianza empresarial apenas está levantando cabeza y se requieren acciones concretas para avanzar más rápido. El destrabe de proyectos mineros, de energía y de otros sectores sin duda son buenas noticias, pero estas pueden ser fácilmente opacadas por reacciones populistas, como el anuncio del incremento del salario mínimo.
En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, el gobierno tiene en sus manos una agenda de proyectos de infraestructura enorme: hospitales, carreteras, proyectos de irrigación, telecomunicaciones, etc. La creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, anunciada con bombos y platillos, no significó un gran cambio ahí. Se especula que la presidenta podría anunciar ahora la creación de un ministerio de infraestructura. Esta puede ser una buena idea si se trabaja adecuadamente, o podría también repetir los errores de todas las instituciones que han sido incapaces de mover la aguja en proyectos de inversión que llevan décadas en el tintero.
Otro asunto ineludible es su relación con el Congreso y la responsabilidad del Ejecutivo en controlar los peores impulsos parlamentarios. El gobierno ha observado algunas normas perniciosas, como la que permitía el nombramiento automático de docentes o la que facilitaba que los colectiveros evadan la fiscalización de la ATU, pero también dio luz verde a que despropósitos legislativos se aprueben sin mayor resistencia, como el séptimo retiro de los fondos de las AFP o la derogatoria de parte del decreto legislativo que facultaba la intervención a mineros ilegales con explosivos. Aquellos proyectos de ley que debilitan el Tesoro Público o el balance fiscal deben ser combatidos con las armas legales que tenga el Ejecutivo a disposición. Esto es especialmente sensible en un contexto de incumplimiento reiterado de la regla fiscal. Regalos tributarios, como el que se aprobó para peluquerías el mes pasado, no deben permitirse. El mensaje de la nación sería un buen escenario para reiterar el compromiso que Legislativo y Ejecutivo deben tener en esta materia.
Finalmente, el gran elefante en la sala parlamentaria será la inseguridad ciudadana. Es la primera preocupación de la ciudadanía y hasta ahora no se ha escuchado ningún plan medianamente coherente para enfrentarla. Mientras tanto, las extorsiones y otros crímenes graves van en aumento. Desde el Ejecutivo se debe demostrar que sus ministros del Interior pueden durar al menos un año el cargo (actualmente no se llega a los cuatro meses).
Como resaltamos en la edición de hoy, la presidenta cumplió menos de un tercio de las promesas que realizó en el mensaje a la nación del año pasado. A dos años de entregar la banda, el tiempo se le agota para dejar un legado siquiera aceptable. Hoy se le concede una oportunidad para reencauzar su administración. Está en sus manos.
mx
