Otra vez los peruanos votamos y otra vez nos toca esperar para conocer los resultados finales. La ONPE concluyó el procesamiento de las 26.351 actas de Lima Metropolitana, pero solo el 92,7% fue contabilizado. Las 1.921 restantes pasaron a los jurados electorales especiales, sin plazo conocido, mientras Renovación Popular y Avanza País se separan por menos de un punto porcentual. La escena es conocida.
Otra vez los peruanos votamos y otra vez nos toca esperar para conocer los resultados finales. La ONPE concluyó el procesamiento de las 26.351 actas de Lima Metropolitana, pero solo el 92,7% fue contabilizado. Las 1.921 restantes pasaron a los jurados electorales especiales, sin plazo conocido, mientras Renovación Popular y Avanza País se separan por menos de un punto porcentual. La escena es conocida.
Ya lo vivimos en abril. La elección fue el día 12 y el conteo de la primera vuelta recién llegó al 100% el 15 de mayo, 33 días después. Lo repetimos en el balotaje del 7 de junio, cuyo 100% de actas contabilizadas se alcanzó el 29, 22 días más tarde. Ahora lo padecemos en las regionales y municipales. Entretanto, Colombia supo en dos horas quiénes pasaban a segunda vuelta y, en el balotaje, tenía casi el 99% de las actas antes de la medianoche. Somos, sin duda, uno de los países de la región que más demoran en completar sus resultados.
La comparación con Brasil es la más elocuente. Con casi medio millón de circunscripciones electorales y una Amazonía inmensa, su tribunal electoral tuvo el 100% de las urnas de la elección presidencial del pasado domingo a las 2:58 de la madrugada del lunes. Horas, no semanas. Si el país más extenso de la región lo logra, la geografía peruana ya no sirve de excusa. Tampoco la tecnología, disponible desde hace años.
Conviene recordar que, en las municipales del 2022, Rafael López Aliaga ganó el 2 de octubre y fue proclamado recién a inicios de noviembre. Más de un mes para contar votos y proclamar a un alcalde. Eso no debería volver a ocurrir, y sin embargo vamos camino a repetirlo.
La responsabilidad es compartida, pero no equivalente. La ONPE debe explicar por qué sus procesos no se aceleran. Con todo, el mayor peso recae en el JNE y sus jurados, que demoran en resolver las actas observadas e impugnadas y que, según admitió un asesor de la entidad, ni siquiera pueden fijar un plazo para hacerlo. Un sistema que no puede comprometerse con una fecha está mal diseñado. La lentitud no es neutra: erosiona la legitimidad de quien gane y de las instituciones.
Hacen falta plazos perentorios, más jurados, procedimientos de impugnación más ágiles y rendición de cuentas. La demora dejó de ser un trámite para convertirse en una mala costumbre que nos estamos acostumbrando como sociedad a tolerar. Es hora de corregirla.
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