Editorial: Inaceptable mezquindad

Continuando con un modus operandi que se ha convertido en la marca registrada de este Congreso, ayer el pleno decidió la suerte del equipo ministerial liderado por Pedro Cateriano mientras el país dormía. Así, a las 6:20 a.m. y luego de más de 20 horas de debate, con 37 votos a favor, 53 en contra y 34 abstenciones, el Legislativo gatilló la crisis total del Gabinete y frustró su investidura. Un escenario que no se daba al menos desde la entrada en vigor de la actual Constitución hace 27 años.

En circunstancias normales, a saber, sin una pandemia que ha puesto de rodillas al mundo entero, lo ocurrido ayer en el Parlamento sin duda hubiese sido vergonzoso. En fin, otorgarle el voto de confianza a un Gabinete que se estrena, y que aún no ha tenido la oportunidad de trabajar, se entiende como un acto de buena fe democrática entre poderes del Estado. Que haya ocurrido lo contrario, en un contexto como el actual y como consecuencia de los intereses doctrinarios e individuales de nuestros representantes, es una infamia canallesca sin atenuantes y un ejercicio de mezquindad y negligencia que la ciudadanía haría mal en olvidar en las próximas elecciones.

Si no se votaba a favor del Gabinete por su discurso, tenía que dársele la confianza para que su labor, especialmente sensible durante la crisis sanitaria, no se viera interrumpida inútilmente.

Empero, lo ocurrido ayer ha sido el pico en una curva de despropósitos que este Congreso ha insistido en mantener. Como se sabe, mientras el país ha estado enfrentándose al COVID-19, el Legislativo se ha dedicado a la promulgación de medidas absurdas sin sustento técnico y a privilegiar el populismo y la conveniencia (electoral y hasta económica) de sus miembros en perjuicio de la sensatez normativa que la coyuntura exige. Lo sucedido es sencillamente la confirmación de que el Perú es apenas una coartada para los intereses y antojos de sus congresistas.

Uno de los puntos que más parece haber pesado en la decisión concierne a la reforma educativa que el Gobierno se ha preocupado por continuar. Ello ha valido para que el ministro de Educación, Martín Benavides, y su gestión estén en la mira de múltiples bancadas, especialmente de aquellas con miembros que tienen algún tipo de vínculo con universidades que no han logrado hacerse de una licencia de operación de la Sunedu (destaca la agrupación Podemos Perú, de José Luna Gálvez). De hecho, ya estaba en camino una interpelación al referido miembro del Gabinete y, como denunció en entrevista con este Diario el señor Cateriano, algunos grupos recurrieron al chantaje, condicionando su voto a favor de la confianza a la salida de Benavides. Una cachetada al país cuando está en su estado más vulnerable.

Por otro lado, están las anteojeras ideológicas. Según parece, la posición del señor Cateriano a favor de impulsar la inversión privada, especialmente la minera, para reanimar nuestra economía, pisó los callos doctrinarios de las bancadas de izquierda, aún comprometidas con la visión miope y burda de que las necesidades del país se pueden remediar sin el impulso del sector empresarial. Claro, que estos grupos insistan con discursos que han sido derrotados por la realidad una y otra vez es un derecho que la democracia les concede, pero que guiados por ellos procuren el colapso de un Gabinete en medio de una crisis como la que vivimos, es un insulto indolente.

En efecto, hasta la mayoría de Fuerza Popular pudo darle la confianza a un primer ministro cuyo mensaje siempre les ha sido desfavorable. La izquierda no pudo ver más allá de su hígado.

Otro cantar es el de los votos en abstención. Doce parlamentarios de Acción Popular eligieron este camino al igual que toda la bancada de Alianza para el Progreso (por recomendación de su líder, César Acuña). En ambos casos, una expresión de cobardía supina en tiempos en los que se deben tomar decisiones y una claudicación por la que deben rendirles cuentas a sus votantes.

En suma, la irresponsabilidad y mezquindad de un Congreso cegado por sus intereses y arrogancia obliga al Gobierno a perder tiempo valioso configurando un nuevo Gabinete. El país, mientras tanto, tendrá que seguir contando muertos por el COVID-19 y calculando cuántos compatriotas volverán a la pobreza por la crisis económica. Todo quedará en la conciencia de los legisladores.