Editorial: El informe sin fin

La investigación de la Comisión de Inteligencia del Congreso sobre el seguimiento a políticos, empresarios y periodistas denunciado tiempo atrás por la prensa terminó, como cabía esperar, en dos informes. Uno en mayoría, firmado por los tres legisladores oficialistas –César Yrupailla, Víctor Isla y Hugo Carrillo– presentes en ese grupo de trabajo parlamentario y por Daniel Mora (Perú Posible). Y otro en minoría, suscrito por Luz Salgado y Carlos Tubino (Fuerza Popular), así como por Javier Bedoya (PPC-APP).

Y mientras el primer documento exculpaba a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de los reglajes e insistía en la tesis de que podían ser organizaciones privadas las que estuviesen detrás de los mismos, el segundo señalaba todo lo contrario y responsabilizaba al gobierno de lo ocurrido.

Con posterioridad a la presentación de estos dos documentos, sin embargo, los parlamentarios de oposición continuaron investigando y obteniendo información muy valiosa que refuerza su punto de vista y que ha sido incluida en una adenda añadida el miércoles pasado a su informe original.

En esencia, lo que esa información confirma es que las personas que obtuvieron datos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sobre los ciudadanos vigilados pertenecían a la DINI y utilizaron para su pesquisa algunos códigos informáticos que habían sido asignados, en virtud de un convenio, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Y, como se sabe, la DINI está adscrita a ese despacho.

Lo averiguado por los autores del informe en minoría, además, llega ahora al punto de poder precisar el cargo que ocupaba dentro de la referida organización de inteligencia cada uno de los espías detectados (que ya son más de siete). Y eso no es todo: la prensa ha llegado inclusive a ofrecer sus nombres y ha mencionado también a tres agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) como partícipes en los indebidos rastreos. Una situación en la que difícilmente puede seguir sosteniéndose que no hubo instrucciones superiores para proceder con la operación.

Como es obvio, la divulgación de estas constataciones deja en muy mal pie al informe en mayoría. Pero la reacción del presidente de la Comisión de Inteligencia, César Yrupailla, al ser confrontado con la evidencia, ha sido insólita. “Ha habido un informe preliminar en mayoría, pero eso no quiere decir que esté cerrado”, ha declarado a “Perú21”. Y ante la pregunta de si pensaba incorporar la información de la adenda del informe en minoría al suyo, respondió: “Por supuesto que va a ser incluida en el informe en mayoría”.

Los informes que evacúa una comisión del Congreso, sin embargo, no son “preliminares”. Son documentos que esperan su turno para ser votados en el pleno. Y si bien se les pueden agregar datos adicionales antes de que eso ocurra, se entiende que esos datos no deben contradecir lo que afirma el texto principal. Es decir, si el informe en mayoría exculpaba a la DINI de los reglajes y, en consecuencia, salvaba de responsabilidad a las autoridades del Ejecutivo de las que esta depende, no puede incorporar ahora una adenda que establezca exactamente lo contrario. No es, en suma, un documento abierto que pueda asimilar sin fin elementos que no guardan coherencia con su tesis central.

La nueva información, dicho sea de paso, echa adicionalmente por tierra la teoría –sugerida hasta por el presidente Humala– de que los seguimientos habrían sido realizados por empresas privadas. No obstante, frente a esa incómoda circunstancia, Yrupailla también tiene una posición, digamos, excéntrica. “Hemos dicho que podrían ser [ciertas organizaciones privadas], porque no había nada claro. No había datos claros y ahora sí existen”, ha señalado. Y hasta parecería que se ha quedado contento.

Pero lo cierto es que la vigencia del documento que defiende es insostenible. Como reclaman los autores del informe en minoría, lo serio sería que, si los legisladores que integran la comisión de Inteligencia y su aliado de Perú Posible reconocen la relevancia de los nuevos destapes, sencillamente retiren el informe en mayoría y, a la manera de lo anunciado por la ex primera ministra Ana Jara, hagan suyo el que han firmado Salgado, Tubino y Bedoya.

No es que eso vaya a mejorar la situación de los representantes del Ejecutivo con responsabilidad en esta turbia historia de espías, pero por lo menos los libraría del ridículo.