Ayer se confirmó que nuestro país ha ingresado oficialmente a la quinta ola del COVID-19. El anuncio lo realizó el Ministerio de Salud (Minsa) durante una conferencia de prensa y culmina una serie de advertencias sobre el incremento sostenido de casos que hemos presenciado en las últimas semanas.
El hecho de que esta declaración se dé dos semanas antes de las previsiones que el sector manejaba hasta hace relativamente poco (recordemos que el 18 de noviembre la ministra de Salud, Kelly Portalatino, afirmaba desde Villa María del Triunfo que la estimación que manejaban era que la quinta ola llegaría “para la quincena de diciembre”) da cuenta de lo rápido que se han disparado los contagios en los últimos días. En efecto, como informó este Diario el miércoles, el Perú ha pasado de registrar 2.126 positivos el 29 de octubre a 33.000 el último sábado. Un incremento a todas luces insoslayable.
Es cierto que, como han explicado un gran número de especialistas, la circunstancia de que millones de peruanos ya hayan recibido entre tres y cuatro dosis de la vacuna y otros tantos hayan desarrollado anticuerpos al estar expuestos recientemente al virus permite prever que la letalidad de esta nueva ola será considerablemente menor que la de sus antecesores; particularmente, de las dos primeras. Sin embargo, también es justo decir que esta coyuntura se ha desencadenado en el peor momento posible por varias razones.
La principal de ellas es por la situación del Minsa. Ayer, la ministra Portalatino participó en dos conferencias de prensa –una en la mañana y otra por la tarde– y en ninguna explicó cuál sería la estrategia que implementará su sector para disminuir o al menos ralentizar la velocidad a la que se vienen dando los contagios (a pesar de que, como mencionamos antes, desde hace semanas se preveía que la quinta ola llegaría tarde o temprano). Aseguró, en cambio, que durante las próximas dos semanas su sector estará “en constante monitoreo y seguimiento para ver cómo va la curva de positividad” a fin de disponer “medidas más estrictas” y que promoverían “una gran marcha nacional contra el COVID-19″ (aunque luego, tras las obvias críticas que despertó su anuncio, rectificó y dijo que se trataba más bien de una ‘marcha’ de vacunadores que irán puerta por puerta).
No hay que olvidar que desde hace ya buen tiempo el presidente Pedro Castillo ha decidido entregar el Minsa a Perú Libre en un intento de asegurar los votos de sus integrantes para salvarse de una posible vacancia presidencial en momentos en los que las investigaciones del Ministerio Público continúan avanzando sobre él y su círculo más cercano. Tal y como reveló este Diario en octubre, varios altos cargos del ministerio en cuestión han recaído en manos de personas ligadas al partido del lápiz. Como es evidente, priorizar el cálculo político sobre la solvencia técnica ya de por sí es un escándalo, pero hacerlo en una coyuntura como esta es negligencia pura y dura.
En segundo lugar, todavía existe un grueso de la población que no ha recibido las vacunas que debería. El miércoles, la jefa de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, informó que cerca de ocho millones de peruanos aún no reciben la cuarta dosis de la vacuna, mientras que casi cuatro millones todavía no se han colocado la tercera. Es importante que las autoridades hagan todos los esfuerzos para persuadir a quienes todavía no completan su esquema de vacunación a que lo hagan, particularmente entre los grupos más vulnerables, pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros completar las dosis requeridas.
Finalmente, esta quinta ola ha llegado en momentos en los que muchos se preparan para celebrar las fiestas de fin de año, por lo que el compromiso de la ciudadanía para tomar las precauciones y evitar exposiciones innecesarias al virus debe ser máximo.
Sea como fuere, no está de más recordar que, si bien este incremento de casos de COVID-19 ha llegado en un momento particularmente difícil, la facultad de cuidarnos a nosotros y a nuestros seres más cercanos sigue estando en nuestras manos.