Las páginas en blanco

El análisis de la coyuntura nacional tiene componentes trágicos por lo recurrentes. Hacia mediados de año, por ejemplo, la falta de preparación para enfrentar las heladas de la sierra sur suele acaparar titulares. Llegado el verano, cada cierto número de años, las lluvias ocasionan desastres prevenibles y se analizan los motivos por los que, en esta ocasión, tampoco se invirtió en prevención.

Pero no son solo los fenómenos climáticos como los que vive hoy el Perú. Cada inicio de año, la discusión sobre la correcta y oportuna distribución de materiales escolares, además de la preparación de las escuelas para recibir a los estudiantes, se vuelve a encender. Hace solo un mes, por ejemplo, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que, en Lima, 50.000 niños en edad escolar aún no tenían vacantes en las escuelas públicas, de modo que se venía trabajando en una propuesta de subasta de espacios en escuelas privadas. Esta circunstancia, por supuesto, no tenía nada de imprevisible, pero el planeamiento para atenderla fue nulo.

Respecto de la distribución de libros y otros artículos necesarios para el inicio del año escolar, un informe publicado ayer por la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (ECData) reveló que más del 60% del material educativo aún no había llegado a los colegios. De las 249 unidades de gestión educativa local (UGEL), 31 tienen un avance de distribución de cero, la mayoría de ellas en las regiones de Cajamarca, Cusco y Amazonas.

Si bien pueden existir algunas zonas en las que la distribución fue afectada por razones ajenas a la gestión pública –como las intensas lluvias de la costa norte y central de estas semanas–, estos números son injustificables. Casi llegado abril, solo en cuatro regiones el avance en la distribución supera el 50%.

El retraso demuestra hasta qué punto la educación pública ha pasado a ser un asunto de segundo orden en las prioridades del Estado. Enfrascado en discusiones políticas propias de un clima de enorme inestabilidad y debilidad, el aparato público ha sido una víctima colateral de la precariedad institucional de los últimos años, cuando no un botín. Desde el inicio del actual período constitucional de gobierno (julio del 2021), el Minedu lleva ya cinco titulares de la cartera. Y mientras las discusiones políticas continúan, las prioridades para la población –entre las que destaca la educación– quedan opacadas.

Este sector, vale recordar, vive en una situación de emergencia permanente desde el prolongado cierre de establecimientos educativos a raíz del COVID-19. Como consecuencia de una de las interrupciones educativas más largas, absurdas y restrictivas del mundo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) anticipaba en el 2022 que la pérdida de aprendizajes equivale a un retroceso de diez años. Lejos de recuperar, pues, parte del tiempo en aulas perdido, el Gobierno parece incapaz de ponerse al día en la tarea.

Uno de los motivos por los que la educación cae en esta recurrencia de faltas, omisiones y desidias de parte de sucesivas administraciones públicas es que los niños –los principales afectados– no tienen voz en el debate nacional. Ignorar sus necesidades –políticamente– cuesta poco. Luego es ya demasiado tarde para reparar el daño generado. Corresponde al resto de la sociedad, y sobre todo a los padres de familia, demandar que el derecho a una educación pública gratuita y de calidad sea respetado. Y, en este empeño, disponer de libros oportunamente y aulas adecuadas debería ser el paso más elemental.