Editorial: La ley de la selva

El sábado pasado el gobierno aprobó el contrato de servicios para la explotación del lote 192 con la empresa canadiense Pacific Stratus Energy. Con esto, el Estado debía haber puesto fin a los problemas que se suscitaron a raíz del fallido intento de subasta del yacimiento petrolero semanas atrás, y dejar la cancha libre para que un nuevo operador se haga cargo del lote más importante del país.

Sin embargo, una vez que se supo que el lote pasaría a manos privadas, los congresistas Manuel Dammert (Acción Popular-Frente Amplio) y Natalie Condori (Dignidad y Democracia) presentaron diversos proyectos para modificar la ley 30130 –norma que restringe la participación de Petroperú en iniciativas que puedan perjudicar sus inversiones en la refinería de Talara–. Si bien el pleno del Congreso rechazó debatir las propuestas de ley, el contenido de estas y los actores que las apoyaron –y aún apoyan– revelan profundas debilidades institucionales del país a nivel económico y político.

En el plano económico, la insistencia en que Petroperú tome las riendas del lote demuestra que la ineficacia de esta empresa estatal –así como de la mayoría de compañías públicas a lo largo de décadas– todavía no es obvia para buena parte de la población. Más allá de los pasivos ambientales de la empresa, de su descuidado manejo financiero, y de los bajos precios del petróleo en el mercado internacional, el problema de fondo es que, cuando el Estado desea jugar a ser empresario, lo hace arriesgando el dinero de los contribuyentes. Como hemos mencionado en anteriores editoriales, a diferencia del empresario privado que tiene su propio patrimonio en juego en cada iniciativa de negocio –y, por tanto, los mejores incentivos para invertir bien su limitado capital–, en el Estado el dinero es de “todos y de nadie”.

De hecho, el desarrollo del proyecto de la refinería de Talara de Petroperú es ya un pasivo enormemente costoso: US$3.500 millones, equivalente a 11 veces el presupuesto del año pasado para el programa Juntos y 38 veces el presupuesto del programa nacional Cuna Más. Si la remodelación fuese económicamente eficiente, ¿no deberían existir empresarios privados interesados en tomar la posta del proyecto?

En el plano político, la reciente historia de la adjudicación del lote ha despertado tentaciones populistas en miembros del Ejecutivo y del Legislativo. A pesar de que representantes del mismo Petroperú han declarado que la empresa no tiene capacidad para operar el lote, Fernando Meléndez, gobernador de Loreto, se mostró a favor de que la compañía estatal lo administre para así resguardar la “soberanía energética de la región Loreto”. El gobernador hizo un llamado, además, a respaldar las movilizaciones locales en contra del operador privado.

Sorprende, además, la dura crítica de miembros del Fuerza Popular –incluyendo de su lideresa Keiko Fujimori– a la adjudicación directa del lote. A pesar de que la bancada fujimorista evitó que el proyecto de ley de Dammert pase a debatirse en el pleno del Congreso y de que en anteriores ocasiones se ha mostrado escéptica respecto a la empresa estatal, Fujimori mencionó que la posición de su partido es de “absoluto respaldo a Petroperú”. “Ese es mi mensaje para todos los hermanos loretanos que están esperando el respaldo no solamente de nosotros sino, creo yo, lo más importante: un mensaje claro del gobierno”, dijo el sábado.

Pero sorprende aún más la reacción de la bancada oficialista frente a la adjudicación del lote. A pesar de la clara posición del gobierno (el primer ministro, Pedro Cateriano, indicó que “si Petroperú asume la tarea de administrar y explotar el lote 192, será una aventura caótica para el país desde el punto de vista económico y políticamente muy peligrosa”), 17 de los 18 legisladores de Gana Perú presentes en el hemiciclo apoyaron el pedido para que Petroperú opere el yacimiento. La reacción demostró que, cuando se trata de elegir entre seguir la posición de Ejecutivo y potenciales votos, los legisladores oficialistas se sienten ya más cerca de las elecciones de abril próximo que de Palacio de Gobierno.

El día de hoy la comisión de Energía y Minas del Congreso podría discutir la posibilidad de modificar la ley 30130 para entregar el lote a Petroperú. Si las muestras de debilidad institucional económica y política hasta ahora mostradas se mantienen vigentes, es tan peligroso como incierto lo que se puede esperar del resultado de esa votación.