Editorial: Libertad con arrugas

Como era previsible, el Ejecutivo observó esta semana la autógrafa de ley que permitía la libre disposición del 95,5% del fondo de los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Alonso Segura, ministro de Economía y Finanzas, había adelantado poco antes de fin de año que el “Congreso de la República apresuró la decisión” y que, por ello, “lo más probable es que se observe”. 

Si bien había aspectos que corregir en la autógrafa –tales como la situación de incertidumbre en que quedaba la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la posibilidad de que pensionistas dispendiosos accedan a Pensión 65 una vez agotado su fondo–, esta apuntaba a dotar de mayor libertad al sistema previsional y, por tanto, iba en el camino correcto. El gobierno no lo entendió así.

Según el documento en el que el Ejecutivo justifica la observación, la norma resultaba “antitécnica”, pues generaba un “perjuicio para los afiliados al asumir el riesgo de longevidad”. Es decir, si los pensionistas vivían más tiempo que el que duraba su fondo, estos podían caer en situación de pobreza. El argumento tiene cierta validez: en países en los que se ha ensayado una regulación similar, como Australia, hay casos de adultos mayores que agotan rápidamente sus ahorros y pasan luego a ser una carga financiera para sus familias o a condición de necesidad.

Sin embargo, no queda del todo claro cómo difiere esta situación de cualquier otra en que personas adultas asumen el riesgo de vivir en libertad y de usar sus recursos como mejor les parezca. Si el gobierno quiere evitar que gastemos mal nuestros ingresos y que como consecuencia caigamos en la pobreza, ¿por qué recién aplicar este principio desde los 65 años? ¿No sería más consecuente y efectivo confiscar la totalidad de los salarios y rentas para luego transferirlas poco a poco a sus dueños?

Es en este mismo sentido que la observación a la autógrafa señala que “los sistemas de pensiones tienen por objetivo trasladar el riesgo de longevidad de los afiliados a las AFP o empresas de seguros”. En consecuencia, permitir la libre disposición del fondo sería desnaturalizar la razón de ser del sistema. 

Pero lo cierto es que cualquier persona que prefiera no tomar el riesgo de administrar su propio patrimonio mantendría siempre la posibilidad de contratar voluntariamente un seguro que lo haga. Así, la observación del Ejecutivo mantiene un mercado donde las AFP y las compañías de seguros cuentan con menos incentivos para mejorar sus servicios porque disponen de una demanda que se ve forzada a tomarlos.

Pero aun si el gobierno quisiera mantener este esquema de pensiones progresivas, no le debería haber bastado con observar una norma orientada a reformar –si bien parcialmente– el sistema. En un contexto en el que tan solo uno de cada cuatro peruanos con trabajo remunerado aporta para su vejez, queda claro que existen enormes retos por solucionar y que esta administración pudo haber intentado atacar en sus años en el poder.

Uno de estos es la falta de competencia del sistema. Agentes del sector han sugerido que permitir que más instituciones –como bancos y cajas– puedan ofrecer servicios previsionales redundaría en menores costos y mejores servicios para los afiliados. Explorar esta alternativa puede ser interesante. En el caso de las personas con menos recursos, el gobierno podría además evaluar contribuir una cantidad fija adicional por cada sol ahorrado por el individuo en el sistema. Esto incentivaría el ahorro y generaría mejores incentivos que los programas sociales hoy en marcha.

La falta de confianza en los pensionistas para administrar su propio patrimonio, aunada a un esquema de poca competencia y malos incentivos, explican en buena cuenta el descontento de gran parte de la población con la manera en que los mecanismos previsionales hoy operan. De no corregirse esta situación, el país se expone a que la demagogia y el sentido de oportunismo político capitalicen la insatisfacción para implosionar el sistema. La campaña recién empieza y advertidos estamos.