Editorial: Los últimos de la fila

La pandemia ha traído contradicciones flagrantes entre quienes tienen la responsabilidad de emitir las normas de protección contra el contagio del COVID-19 y el cumplimiento de las disposiciones de cuidado de parte de estas mismas autoridades. Un caso claro fue el de Luis Barranzuela, exministro del Interior, quien organizó una fiesta en su domicilio por el Día de la Canción Criolla a pesar de que su propio despacho era el responsable de prevenir estas reuniones en ese día.

El reciente contagio de la congresista Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú, ha sido otra llamada de atención que se suma a anteriores casos de parlamentarios, asesores y personal del Congreso infectados. En los últimos meses, conforme los contagios por COVID-19 llegaron a su mínimo en el ámbito nacional y la vacunación se extendió, las precauciones mínimas se fueron relajando y, en este proceso, los precintos congresales no fueron la excepción. De hecho, el viernes pasado los legisladores celebraron un desayuno navideño donde la mayoría estuvo sin mascarilla y sin distanciamiento.

La congresista Bazán, en particular, suele dejar a un lado la mascarilla en varias ocasiones durante su actividad parlamentaria, actitud que es repetida por varios de sus colegas en recintos cerrados. Diversas reuniones del Poder Ejecutivo tienen el mismo vicio: doble mascarilla protectora para la foto oficial precedida de una conversación en mesa redonda entre varias personas sin mediar equipos de protección o distanciamiento social mínimo. En general, las medidas de protección de los espacios de entidades públicas son pobres. De acuerdo con información recogida por este Diario, no es raro que personal del Congreso –incluidos los mismos parlamentarios– se rehúsen a mostrar su constancia de vacunación antes de entrar al Palacio Legislativo.

Ello puede tener una explicación aún más preocupante. De acuerdo con un informe publicado ayer en estas páginas, seis legisladores –cuatro de ellos pertenecientes a la bancada de Perú Libre (PL)– aún no se han vacunado. Y las explicaciones de quienes accedieron a comentar su situación de desprotección están lejos de ser satisfactorias. “No me he vacunado porque considero que no es una necesidad para mí. Respeto a mis hermanos y hermanas que sí lo han hecho, y espero lo mismo de ellos”, dijo, por ejemplo, Janet Rivas (PL) sobre el asunto. Américo Gonza, del mismo partido, señaló simplemente que “se le pasó el tiempo”. Otros siete congresistas –la mayoría, nuevamente, de PL– aún no han recibido su segunda dosis. El mismo informe recoge también los casos de cuatro alcaldes de Lima que no han accedido a ninguna dosis.

Por la naturaleza de su labor, las autoridades del Ejecutivo, los congresistas y los alcaldes asisten regularmente a eventos públicos y conversatorios en los que no solo se exponen a contagios ellos mismos, sino que exponen también al resto de asistentes. A estas alturas, no contar con la protección de una vacuna teniendo los medios para hacerlo es un acto de alta irresponsabilidad.

Peor aún, por su presencia y por ser ellos mismos los encargados del ordenamiento público y legal del país, se espera que den siempre el ejemplo. ¿Con qué autoridad puede el Estado promover campañas de vacunación si varios de sus máximos representantes políticos no están ellos mismos inmunizados? Y la situación de contagios ya empieza a ser delicada. Se ha registrado la variante ómicron en el Perú, que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias en todo el mundo, y los casos de nuevos infectados en varias ciudades van al alza desde noviembre. Con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, es tiempo de que las autoridades tomen mucho más en serio el rol que quieren jugar en una pandemia que ha devastado al país y que aún parece estar lejos de concluir.