Editorial: A mal puerto

Hasta hace unos días, los principales personajes investigados por la fiscalía en el Caso Odebrecht tenían como característica común el estar vinculados con actos de corrupción en grandes obras de infraestructura a cargo del gobierno central, como la carretera Interoceánica o la línea 1 del metro de Lima. La noche del último domingo, no obstante, esa regla se rompió, cuando el Ministerio Público allanó las viviendas en el Callao, Magdalena y La Molina del gobernador regional chalaco, Félix Moreno, por presuntamente haber solicitado US$4 millones para favorecer a la constructora brasileña en la licitación del proyecto Costa Verde-tramo Callao. Tres días después, la fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva para Moreno.

No se trata de un asunto menor. En un país con instituciones precarias no es un secreto que si bien las normas y procedimientos aplicables a las inversiones y obras públicas del gobierno central no cumplen muchas veces con evitar la corrupción, el riesgo de que lo mismo ocurra en el ámbito subnacional es incluso mayor.

Por ejemplo, según un informe de la Procuraduría Anticorrupción de mediados del 2014, de los 1.841 alcaldes que entonces cumplían funciones en todo el país, 1.699 (el 92%) venían siendo investigados por delitos como peculado, malversación de fondos, negociación incompatible o colusión. Casos emblemáticos de autoridades subnacionales ilustran la situación, como el del ex gobernador regional de Áncash César Álvarez, hoy con prisión preventiva por el Caso ‘La Centralita’ y dos presuntos homicidios; o el del ex gobernador regional de Tumbes Gerardo Viñas, recientemente condenado a 11 años de cárcel por otorgar irregularmente a una empresa una liquidación de más de S/9 millones. Pero existen muchos más.

En el caso concreto de Félix Moreno, el primer gobernador involucrado en el Caso Odebrecht, hay graves indicios en su contra. De acuerdo con información de la fiscalía de la que han dado cuenta varios medios periodísticos, la planilla del departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht en Brasil –encargada de diligenciar los fondos para el pago de coimas– registra pagos por la licitación de la Costa Verde del Callao. El empresario israelí Gil Shavit, acusado de ser el intermediario entre Moreno y la constructora, habría aceptado colaborar con la fiscalía y se habría sumado a otro colaborador que ha inculpado al gobernador de Chim Pum Callao. El récord migratorio de Moreno, además, muestra varios viajes a Brasil en fechas claves (cercanas a la aprobación del expediente técnico de la obra y a su adjudicación, por ejemplo).

El patrimonio de la autoridad chalaca también siembra sospechas. En su declaración jurada del 2016, por ejemplo, Moreno reportó tener bienes apenas superiores a los S/200.000, cifra que contrasta con las viviendas que le fueron allanadas, incluyendo la casa de La Molina –registrada a nombre de su esposa–, donde se encontró dinero en efectivo por más de S/40.000, así como diversos bienes. Moreno tampoco ha explicado cómo pudo acumular la riqueza suficiente para mantener sus múltiples viviendas, considerando que desde que culminó sus estudios de Medicina en 1995 ha trabajado siempre en el sector público (como regidor provincial del Callao, alcalde de Carmen de la Legua, alcalde provincial y gobernador regional del Callao); ni cómo pagó por los servicios del publicista brasileño Luis Favre –también acusado de ser intermediario en este caso– para su campaña del 2014. De hecho, en una reciente conferencia de prensa, Moreno aseguró ser inocente, pero se negó a responder las preguntas de los periodistas para aclarar estos y otros puntos que son materia de investigación.

La situación legal de Moreno descansa ahora en manos de la justicia. Pero lo que se conoce hasta el momento sirve como alerta para que el foco de la investigación del Caso Odebrecht no se limite únicamente en las obras del gobierno central. Si la corrupción de la constructora alcanzó el primer puerto del Perú, probablemente desembarcó también en otros lares.