Editorial: Martillazos

Hace dos días el INEI publicó tres estadísticas que confirman la enorme gravedad de la situación económica. Aunque no fueron del todo sorprendentes dado lo que se está viviendo en el país día a día, los números permiten afirmar con moderada certeza que ningún peruano vivo ha experimentado antes un deterioro tan rápido y violento de la economía.

La primera estadística alude a la actividad económica de junio. Durante dicho mes, la producción fue 18,1% menor que en junio del año pasado. Si bien el dato fue menos dramático que durante abril (-39,9%) y mayo (-32,7%), con este la economía acumula una caída de 17,4% en lo que va del año. Como era previsible, entre los sectores más golpeados estuvieron construcción (-44,6%), transporte (-48,2%), restaurantes (-82,3%) y alojamiento (-98,9%).

La segunda y la tercera estadísticas publicadas son referentes al mercado laboral. En todo el país, la población ocupada se habría reducido en 6,72 millones de personas durante el segundo trimestre del año. En el área urbana, ello implica que una de cada dos personas trabajadoras tuvo que dejar su empleo. Finalmente, para el caso de Lima, el INEI indica que la población ocupada se contrajo 40,2% durante el trimestre mayo-junio-julio. En la capital, más aún, la población con empleo considerado adecuado habría disminuido 55,9% en esos meses en comparación con el mismo período del año pasado.

No hay manera de matizar o suavizar lo devastador de las cifras recientemente publicadas. Desde una fría perspectiva estadística, son un descalabro económico de proporciones insólitas. Desde una perspectiva humana, son el drama de millones de hogares que hoy viven en angustia no solo por el virus, sino por la situación de sus cuentas de fin de mes.

Muchos de los empleos desaparecidos ya no volverán. Los errores cometidos, es cierto, han costado vidas, pero también puestos de trabajo. Aun así, el Gobierno todavía tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible por mantener a flote a las empresas que luchan por mantenerse vigentes.

Desde la provisión de financiamiento, se deben agotar todos los esfuerzos para que los préstamos de Reactiva Perú y los demás programas lleguen a todas las empresas en condiciones de devolver el crédito. Mientras más demore el crédito en llegar, en peor situación estará la compañía, y será un sujeto de crédito menos atractivo. Desde el lado laboral, el Gobierno debe liberarse de una vez por todas de los paradigmas que en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) han ahogado la flexibilidad que necesitan las empresas –en este momento más que nunca– para manejar su propia planilla y reinventarse. Desde la regulación local, el Ejecutivo debe garantizar que los permisos de operación otorgados no son luego letra muerta para las autoridades municipales que en ocasiones mantienen interpretaciones arbitrarias de quién, cómo y cuándo puede trabajar. Por su parte, los programas de inversión pública pueden ser importantes, pero lo realmente fundamental es hacer lo posible por encender los motores privados. No queda claro que sea esta la visión de la actual administración, pero es quizá lo más importante para los siguientes meses.

La salud, qué duda cabe, es la prioridad en estos momentos. Al mismo tiempo, no obstante, la destrucción parcial del sistema económico es imposible de obviar. Luchar contra ambos males no es una quimera; muchos países lo han logrado con relativo éxito. Pero si una caída de empleo urbano a la mitad no hace reflexionar seriamente sobre el rumbo que seguimos, ya nada lo hará.